Los diputados que votaron en contra de la iniciativa presidencial no defendieron a empresas como Iberdrola, defendieron el principio de subsidiariedad a favor del pueblo.
La iniciativa del presidente para modificar la Constitución y dar privilegios a la CFE y limitar gravemente la generación de electricidad por particulares, no fue aprobada en la Cámara de Diputados, con muy justas razones, pero ahora, para vengarse, AMLO y Morena dicen que los diputados que no aprobaron dicha modificación constitucional son traidores a la patria.
Por supuesto que, legalmente, ni son ni pueden serlo. El Código Penal Federal define claramente en qué consiste el delito de traición a la patria, y la defensa de los particulares, en producción de energía eléctrica, por mexicanos o extranjeros, obedece a un principio social que este gobierno morenista ni siquiera considera en sus políticas. Se trata del principio de subsidiariedad.
El principio de subsidiariedad consiste en que una organización mayor no haga lo que puede hacer la menor, que sea realmente un subsidio para ayudar a quien no puede o en lo que no puede. Así, la sociedad no debe suplir al individuo, a la persona o a la familia para hacer lo que estos pueden, y que lo haga solamente en apoyo, en subsidio cuando no puedan en cuanto no puedan. De esta forma, el gobierno no debe hacer lo que los particulares puedan hacer.
De esta forma, la CFE solamente debe complementar en producción de electricidad a la que la sociedad pueda generar. El Estado no debe sobreponerse a la sociedad, ni puede, por subsidiariedad, evitar que los particulares cubran sus necesidades, solamente por una política de estatismo, que dé más poder a los gobernantes (en nombre del estado) sobre la ciudadanía.
Si parte de la generación privada de electricidad proviene de empresas extranjeras que dentro de la Ley operan en México, no es razón para intentar impedirlo por los gobernantes en turno, en el supuesto nombre de la soberanía nacional. Mientras una empresa de capital extranjero, en todo o en parte, opere dentro de las leyes, no se justifica impedírselo, mucho menos por una obsesión de control estatal.
Y si pensamos en el bien de la población, el costo de producción de los particulares es menor al de la CFE, y su precio de venta por KW/h es razonable, mientras que el precio de venta de la CFE depende de subsidios, pues su costo de producción supera al precio que vende. La generación de electricidad por medios solares o eólicos, por ejemplo, es benéfica para quienes lo hacen y para el país, en vez de consumir combustibles fósiles contaminantes.
La verdad bien conocida es que la CFE es altamente ineficiente, obsoleta en sus equipos, contaminante, y con altos costos resultado de su incompetencia y dentro de ella, de la corrupción que en ella impera. Como fuente de producción eléctrica, se mida como se mida, la CFE es simplemente indefendible. Querer sobreponerla al bienestar de la población, solamente por ser empresa estatal es una aberración política. Las fuentes alternas de energía son abrumadoramente superiores, y esto en experiencia internacional. Y aún las plantas eléctricas convencionales de empresas particulares operan más eficientemente y a menores costos que la CFE.
Los diputados que votaron a favor de la iniciativa de reforma constitucional del presidente en la generación eléctrica, no tenían fundamento ninguno, salvo obedecer la orden de su líder AMLO, por eso en las discusiones de diputados, en vez de presentar razones, se dedicaron a hacer insultos. No pueden acusar de una supuesta traición a la patria a los diputados que impidieron una estatización dominante en el ramo eléctrico, en abierto perjuicio de los mexicanos. Los diputados que votaron en contra de la iniciativa presidencial no defendieron a empresas como Iberdrola, defendieron el principio de subsidiariedad a favor del pueblo, incluyendo la generación familiar o empresarial con paneles solares.
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