Las acusaciones, quejas y señalamientos en este sentido, de que la Corte se doblegó ante las presiones presidenciales se han venido encima abrumadoramente.
Uno de los temas como grandes distractores a la atención popular sobre las graves crisis por las que atraviesa México, es la propuesta del presidente de hacer una consulta ciudadana si se juzga o no a los expresidentes, mencionados por nombres y apellidos. Pero no es sólo un distractor, es una forma de desprestigiar, sin juicio alguno, y de agredir a los expresidentes. El asunto llegó a la Suprema Corte (SCJN), para mal y para nada.
Primero, en la SCJN hubo un ministro ponente que presentó un proyecto de resolución declarando, por diversas razones jurídicas, muy bien sustentadas, que la tal consulta era inconstitucional. Pero la Corte sesionó, con sus once ministros, y seis de ellos decidieron y votaron que sí era constitucional, y ganaron sobre los otros cinco votos.
Hubo en la Corte una gran discusión, con alegatos contrarios, en especial por parte del ministro presidente de la SCJN. Pero en una discusión formal (y hasta informal) cualquiera, la que sea, los participantes bien pueden presentar diversos argumentos, y hasta en buena fe, creer realmente que tienen razón cuando no la tienen, y eso es muy respetable. Pero no fue el caso. Veamos.
Tan insostenibles y faltos de fondo legal fueron los argumentos expresados por quienes decidieron a favor de una consulta que era evidentemente inconstitucional, que entre quienes se alegraron del resultado de la sentencia de la Corte, no apareció ninguna persona con autoridad académica y profesional, que defendiera esos argumentos, por absurdos. Los partidarios del presidente se alegraron (y no tanto), pero no han tenido ni tienen forma de defender a los ministros que votaron por la constitucionalidad.
¿Qué podemos pensar al respecto? Varias cosas, lo más importante es que el Poder Judicial que se había sostenido más o menos firme ante los intentos de control del presidente y su pandilla, cedió, por mayoría de votos encabezados por el ministro presidente, ante las presiones presidenciales. Las acusaciones, quejas y señalamientos en este sentido, de que la Corte se doblegó ante las presiones presidenciales se han venido encima abrumadoramente. Y como señalo, no se ven las debidas defensas de los partidarios del presidente de los argumentos esgrimidos para tal sometimiento. Y precisamente por lo absurdo de los mismos, es que la acusación de sometimiento de la Corte tiene tanto sentido.
Pero el asunto no paró allí, pues tras tal sentencia, la Corte deliberó sobre el texto de la pregunta que sería materia de la consulta popular, mencionando si le parecía o no al votante que se sometiera a juicio a varias personas por sus nombres y apellidos, redactaron y aprobaron una nueva pregunta que es tan genérica y confusa, que no lleva a nada. Preguntar, con muy mala redacción, por cierto, si se deberá investigar a “actores políticos” sobre decisiones políticas pasadas, anuló completamente las intenciones del presidente de tener un arma contra los expresidentes y por tanto contra sus partidos, para ganar votos en las elecciones de 2021.
Ahora, esta pregunta, que ya no se puede modificar en los poderes ejecutivo y legislativo de la federación, está anulada como arma política, no genera acciones legales contra absolutamente nadie en particular (que era lo obsesivamente deseado por el presidente). Por eso es lo que se llama una “victoria pírrica”, es decir que al ganar se pierde realmente. Al presidente ya no le sirve. Finalmente perdió al ganar una decisión contra Derecho por votación mayoritaria en la SCJN, y perder la pregunta que era lo que deseaba. Es más, tal nueva pregunta podría volverse contra él mismo cuando fue jefe de Gobierno, y contra muchos de sus súbditos, como la actual jefa de Gobierno de la CDMX.
¿Y por qué se someterían esos ministros de la Corte a los deseos obsesivos del presidente? Lamentablemente hay dos posibles explicaciones principales: por doblegarse ante presiones y/o amenazas del presidente, directas o indirectas, o por haberse vendido a cambio de lo que sería mucho, mucho dinero u otro tipo de ofertas benéficas para el futuro. O a una combinación de ambas cosas. Es muy, pero muy difícil pensar que lo hicieron por convencimiento, aunque no imposible (cada uno de los seis tendrá sus razones). ¿Por qué? Por lo inaceptable y antijurídico de los argumentos que ofrecieron para haber votado como votaron, insostenibles, y tan indefendibles, que, como ya he dicho, desde otras tribunas, académicas, profesionales y más, no encontraron defensores ni calificados ni no calificados jurídicamente.
Por otra parte, el cálculo del INE sobre el costo que tendría organizar y llevar a cabo esa consulta, que sería en agosto de 2021, dos meses tras las elecciones de junio, es descabelladamente alto, estiman más de ocho mil millones de pesos, para que su resultado quedara en nada. Sí, ocho mil millones de pesos que tanto se necesitan para ayudar en el erario público ante las diversas crisis del país, comenzando por la de salud y siguiendo con la de recuperación económica.
La decisión de hacer o no la consulta, corresponde ahora al Congreso federal, con votación de mayoría simple. Si la mayoría de Morena y partidos satélites vota que se haga, se verá muy mal por el inaceptable dispendio de dinero, y peor para ellos, para hacer un ejercicio ciudadano que no les resultaría en beneficio político alguno, que es de lo que se trata.
Y así las cosas: servilismo del ministro presidente y otros cinco ministros más ante el Ejecutivo federal, una decisión abiertamente contraria a la Constitución, con argumentos indefendibles y una victoria del presidente que con tal pregunta redactada en la Corte, no le sirve para nada políticamente, lo cual era y es su intención, su victoria pírrica, perder ganando.
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