El respeto al orden constitucional, la necesidad urgente de un equilibrio de poderes republicanos, proponer que, para el avance democrático nacional, es necesario que todos, desde el presidente, se apeguen al Estado de derecho.
OPORTUNIDAD DE ORO PARA EL PAN
Para quienes seguimos con bastante cercanía, los mensajes que salen del púlpito matutino, las consecuencias usualmente negativas, en el campo de la vida diaria de los mexicanos y la coyuntura de la oposición encabezada por Acción Nacional, estimamos que la oportunidad es inmejorable.
A raíz del dictamen del juzgador Gómez Fierro al otorgar la SUSPENSIÓN en el tema de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por la voluntad del mandatario, el debate se ha escalado y consecuentemente, subido de tono.
La oportunidad es formidable, porque si el PAN aprovecha la coyuntura que se le pone en bandeja de plata, puede marcar con fuerza, la propuesta azul en varios aspectos:
El respeto al orden constitucional; la necesidad urgente de un equilibrio de poderes republicanos; proponer que, para el avance democrático nacional, es necesario que todos, desde el presidente, se apeguen al Estado de derecho; además de poner en la mesa de discusiones, la propuesta panista para generar respuestas eficaces a la economía nacional, viendo al futuro e innovando –como señalan los spots– sin necesidad de meter –que no invertir– el dinero de los mexicanos en una de las dos dependencias más endeudadas, ineficientes e improductivas del mundo.
DE PASO
De paso, poner en evidencia de los ciudadanos, que todo el desarrollo y progreso del país no puede gestarse desde la comodidad de una posición ideológica que tiene bastante tufo a dictadura.
EL TEXTO PRESIDENCIAL
La carta que envió Palacio Nacional, suscrita por el mandatario mexicano, nos asoma al concepto de que el régimen que preside, no asume como posicionamiento jurídico, conocimiento del Estado de derecho –procedimiento de Amparo incluido– y la conformación y confirmación de que la democracia tiene y se sustenta en un gran recipiente que se llama Estado de derecho. Lo contrario impulsa la anarquía y la sumisión al más fuerte.
1. Le pide al Ministro Zaldívar que, el Consejo de la Judicatura “determine e informe” si a la autoridad que concedió la suspensión le correspondía o no “aplicar de manera oficiosa” la suspensión a quienes no lo solicitaron; y que, si procede, se investigue “la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio” (sic).
Primer elemento favorable para las huestes de Marko Cortés. ¿La suspensión otorgada es procedente por su natural sentido de aspectos vinculantes? En este supuesto, el dictamen se fortalece y, aun así, existe un recurso para que el mismo dictamen sea combatido en otra instancia.
2. Es prudente recordar que a la carta presidencial –que no está debidamente fundada y motivada, y que tampoco acredita su personalidad como tercero perjudicado– adolece asimismo, de la fundamentación jurídica necesaria para darle entrada como un Recurso de Queja. Zaldívar fue generoso al otorgarle la categoría de tal, por lo que podría ser desechada por notoriamente improcedente. Esto es, solo se admitió y la carta de respuesta del Ministro, podría equivaler, un poco forzado, al acuerdo de admisión.
3. Los agravios constituyen una narrativa que contempla el desgrane de una serie de argumentos históricos e ideológicos que no son materia de la Litis. “Actúan –se asegura sin probanza alguna– que “existen personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo…”.
4. Se asegura también que los comportamientos señalados han “afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres”. La argumentación es pobre y carente de todo fondo y forma jurídica como para ser presentada como agravios en la carta. Solo acusa a Ibedrola y a Felipe Calderón, sin fundamentar su inclusión como los oscuros personajes del pasado.
5. Más tarde, el presidente recurre al consabido expediente de acusar el apoyo de la prensa pro empresarial nacional y extranjera, porque son un “buró” (sic) que se opone a las obras, acciones y políticas de la sedicente transformación encabezada por el presidente.
6. El turno corresponde al acusado de ser un “pseudo defensor de la sociedad civil”, refiriéndose a los beneficios de Claudio X. González y de su familia. Y en el mismo paquete se señalan –sin mediar fundamentación jurídica que lo soporte– a Carlos Salinas de Gortari y al ministro en retiro José Ramón Cossío. Son, todos ellos “los violadores más tenaces de la Constitución”.
7. Luego, un mensaje con tufo de amenaza directa: El mandatario ejercerá “a plenitud”, sus “facultades como presidente de la República”, sus “libertades como ciudadano”, prometiendo no callar ante el pillaje.
Finalmente, y disculpando el abuso del espacio gentilmente otorgado al escribano, el PAN tiene la coyuntura para evidenciar que el poder en manos de un solo hombre, es altamente riesgoso. Es el camino de la transformación de carta.
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