La renuncia-denuncia ha significado una bocanada de oxígeno a la posibilidad del disenso en un gobierno marcado por decisiones unilaterales del presidente y a la narrativa construida diariamente desde sus conferencias, donde el rigor de los datos es escaso.
La semana pasada el Secretario de Hacienda en México Carlos Urzúa presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador; la carta que hizo pública a través de Twitter se convirtió en una denuncia al enumerar las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, posteriormente en entrevista explicó con más detalle las breves pero graves aseveraciones.
La discusión pública que se desató a raíz de esa inédita forma de renunciar, me llevó a reflexionar sobre los procesos políticos internos que se desarrollan en el actual gabinete federal, y las nuevas formas de interacción política que se dan entre sociedad y gobierno.
En primer lugar, llama la atención que la renuncia la haya hecho pública antes, rompiendo una tradición donde normalmente esos procesos son privados y posteriormente se manejan con diversos matices frente a la opinión pública. Eso por sí mismo constituye una denuncia a la relación que mantiene el presidente con sus funcionarios; y al monopolio del flujo de información y de la narrativa que se genera cada día a través de las conferencias mañaneras del presidente.
Por otra parte, el ahora exsecretario de Hacienda, expresó los desacuerdos que existían con el presidente y algunos de los miembros de su equipo. ¿Es posible que haya otros miembros del gabinete que tengan opiniones similares pero que por distintas razones han decidido no manifestarlas? Es difícil saberlo, se pudiera inferir que así es, ya que hay muchas decisiones controversiales del presidente que han encontrado pública oposición en la sociedad.
La renuncia-denuncia ha significado una bocanada de oxígeno a la posibilidad del disenso en un gobierno marcado por decisiones unilaterales del presidente y a la narrativa construida diariamente desde sus conferencias, donde el rigor de los datos es escaso, pero las contradicciones entre funcionarios y, los ataques personalizados a ciertos actores políticos y a entidades diseñadas como equilibrios institucionales al gobierno son constantes.
El abrumador respaldo electoral y los altos niveles de aceptación popular parecen ser los elementos que mantienen a muchos actores políticos y, a no pocos liderazgos sociales manifestando con cautela opiniones que contradicen la narrativa y datos oficiales, lo que ocasiona que la discusión y debate necesarios en una democracia y en una sociedad plural sean mínimos, atrofiando los mecanismos que por naturaleza fortalecen a las instituciones democráticas.
Además, la actitud política que se basa en la denostación de los adversarios y en la imposición de una sola versión de país que polariza, es un preludio autoritario que busca inhibir el debate y el disenso. El que haya sido uno de los miembros más importantes del gabinete quién publicó esta renuncia-denuncia, abre la posibilidad para que otros actores dentro y fuera del gobierno generen debates que lleven a decisiones más prudentes.
El silencio que se muestra frente a la legitimidad electoral y el apoyo popular al presidente, no puede sacrificar la verdad que ilumina la realidad política de nuestro país; y en la medida que el presidente se abra a un diálogo y reconsidere sus decisiones unilaterales, es posible que los procesos democráticos se fortalezcan; sin embargo, la falta de respeto al presidente, o las acusaciones de traición que algunos actores expresan, solo debilitan más el entramado institucional que puede construir paz y justicia.
El reto para la participación política de los cristianos implica asumir roles proféticos que denuncien mentiras e injusticias, no para destruir instituciones, sino para fortalecer aquellas que promueven la participación y el diálogo constructivo, y al mismo tiempo generar propuestas alternativas a las políticas que hoy dañan la unidad, la economía y el bienestar de la población.
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