A partir de 1821, el nuevo país padeció largos períodos de inestabilidad política debido a las guerras civiles, las invasiones extranjeras, los despojos territoriales y las crisis económicas.
Con motivo de la conmemoración de la caída de Tenochtitlán -que culminó con la maqueta del Templo Mayor en el Zócalo- se han escuchado voces lamentando que, por causa de la Conquista, no solamente se haya condenado a los indígenas al subdesarrollo, sino que dichos pueblos continúen aún en tan triste situación.
Según dos poetas que escriben en náhuatl y que responden a los nombres de Natalio Hernández y Macedonio Carballo, cinco siglos después de la Conquista, los pueblos originarios continúan sufriendo marginación y despojo de sus tierras.
Ambos poetas, cuyos apellidos, Hernández y Carballo, son de indudable raigambre española le vienen echando la culpa de la marginación actual que padecen los indígenas al sistema que aquí se implantó durante trescientos años.
No nos cabe la menor duda de que, tanto Natalio como Macedonio, ignoran datos importantísimos de la Historia de México.
Como el de la Bula “Sublimis Deus”, expedida por Paulo III el 2 de junio de 1537 que, al declarar la racionalidad de los indios, impidió que estos fuesen esclavizados.
Ignoran también que, dentro del marco jurídico español que estuvo vigente en estas tierras, las normas asentadas en las Leyes de Indias les reconocían varios derechos a los indios:
1) Que si acaso decidían vivir en sus pueblos de origen -con el fin de protegerlos- en dichos pueblos no podían domiciliarse ni españoles, ni negros, ni mestizos, ni mulatos.
2) Que podían contraer matrimonio con españoles.
3) Que podían tener propiedades individuales o comunales ya fuesen las que poseían desde antes de la Conquista o las que hubiesen recibido como mercedes por parte de la Corona.
4) Que conservasen sus costumbres ancestrales e incluso sus gobiernos siempre y cuando no fuesen contrarios al Derecho Natural como eran los casos de los sacrificios humanos o de la matanza de los indios a la muerte del cacique para enterrarlos con él.
5) Que no estuviesen sujetos ni al servicio militar, ni al pago de diezmos y contribuciones. Solamente se pedía un moderado tributo personal que solía invertirse en la manutención de hospitales dedicados al socorro de los propios indios.
6) Que tuviesen abogados obligados por la ley a defenderlos de modo gratuito.
7) Que la Inquisición no pudiera someterlos a juicio.
8) Que, con el objeto de atender los gastos de sus comunidades, dichos pueblos tuviesen tierras llamadas “propias”. Asimismo, existían Cajas de Comunidad cuyos fondos ayudaban a resolver las necesidades más apremiantes
El caso fue que, gracias a una serie de disposiciones impregnadas de espíritu cristiano, los indios disfrutaron de una situación que bien podemos calificar de privilegiada.
Sin embargo, todo cambió hace doscientos años o sea a partir del momento en que México alcanzó su Independencia.
A partir de 1821, en concreto a partir del derrocamiento del Libertador Agustín de Iturbide, el nuevo país padeció largos períodos de inestabilidad política debido a las guerras civiles, las invasiones extranjeras, los despojos territoriales y las crisis económicas.
Dicho clima de inestabilidad se acentuó con la llegada de los liberales al poder quienes -fanáticos de la propiedad privada- enfilaron todos sus ataques en contra de la propiedad comunal.
Y como propiedades comunales eran las de los pueblos indígenas, la furia de los liberales se ensañó con los mismos.
Los liberales suprimieron las propiedades colectivas lo cual trajo como consecuencia que los pueblos indígenas se viesen privados de aquellas tierras que eran vitales para su existencia.
A partir de entonces -y de modo especial durante la dictadura porfirista- la gran mayoría de los también llamados pueblos originarios quedaron en la miseria, sus habitantes fueron reducidos a la marginación y miles de ellos se convirtieron en peones de los grandes hacendados que eran dueños de extensos latifundios que antaño habían sido tierras comunales indígenas.
Por todo lo anterior, España no tiene la culpa tanto de la actual marginación como de la explotación que hoy padecen los indígenas; como tampoco la tiene de que los narcotraficantes los ahuyente para despojarlos de sus tierras.
Así pues, suena ridículo exigir que el rey Felipe VI pida perdón por algo de lo cual España ninguna culpa tiene, máxime si tomamos en cuenta que los españoles se fueron hace más de dos siglos.
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