“El Derecho se concibe para el bien de las personas y de los pueblos, y tiene como función primordial proteger la dignidad inalienable de la persona en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural”.
Iniciaremos este comentario planteando una situación disparatada.
Imaginemos que un Congreso instalado conforme a todas las normas legales promulga la siguiente ley: “Se ordena a todo aquel cuyos progenitores superen los 70 años de edad que les prive de la vida, y en caso de no hacerlo se le castigará con una pena comprendida entre los diez y los quince años de prisión”.
¿Cuántos de nuestros amables lectores estarían dispuestos a obedecer dicha ley que -repetimos- fue aprobada con todos los requisitos propios de una norma jurídica?
Es casi seguro que, ante tal disyuntiva, protestase la inmensa mayoría.
Y es que para entender todo este embrollo se hace necesario distinguir pulcramente entre legalidad y legitimidad.
*La legalidad consiste en el cumplimiento de los requisitos necesarios para que una norma jurídica tenga el carácter de Ley. La legalidad afecta lo externo, o sea, la forma.
*En cambio la legitimidad consiste en la Justicia intrínseca de la norma, esto es, que dicha norma se halle en plena concordancia con las bondadosas exigencias del Derecho Natural.
Según esto, una norma puede ser legal, pero, en cambio, carecer de legitimidad como sería el caso del disparate que mencionamos al principio.
Pues bien, algo muchísimo más grave que el disparate que pusimos como ejemplo es lo que acaba de aprobar el Parlamento Europeo al exigir que el aborto sea legal y que incluso se castigue a los médicos que, apoyándose en la objeción de conciencia, se nieguen a cometerlo.
Una ley injusta a pesar de ser legal. Una ley que, por ser injusta, nadie está obligado a obedecer.
Y es que las leyes que contradicen la naturaleza de las cosas -aunque estén aprobadas con todas las formalidades que exige el Derecho Positivo- dejan de ser leyes para convertirse en mandamientos tiránicos y caprichosos que nadie está obligado a obedecer.
Fue allá por el año de 2003 cuando, con motivo del VII Centenario de la muerte de San Ivo, patrono de los abogados, San Juan Pablo II dio toda una cátedra acerca de los objetivos que debe perseguir el Derecho. Citamos textualmente:
“El Derecho se concibe para el bien de las personas y de los pueblos, y tiene como función primordial proteger la dignidad inalienable de la persona en todas las fases de su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural”.
Esa y no otra es la finalidad del Derecho: Regular la convivencia humana protegiendo siempre la dignidad de la persona a lo largo de toda su vida.
¿Quién les dijo a los diputados del Parlamento Europeo que el aborto es un derecho? ¿En qué fundamento ético se apoyan para condenar a muerte a un ser que ningún delito ha cometido y que no puede defenderse? ¿Acaso no se han dado cuenta que, según nos explica la Medicina, la criatura que la madre lleva en su seno es diferente a quien está encargada de protegerla hasta el momento del parto?
En otro orden de ideas: Hoy en día en que se exalta al máximo la libertad de las personas… ¿En que se apoyan los diputados europeos para impedirle a un médico que actúe conforme a los dictados de su conciencia?
Vale la pena recordarles lo que dijo en el siglo XVIII un pensador libertino como lo fue Voltaire: “Podré estar en desacuerdo con lo que usted diga, pero tenga la seguridad de que defenderé con mi propia vida el derecho que usted tiene de decirlo”
Ni duda cabe que lo aprobado por los eurodiputados nada tiene de auténtico Derecho.
Y es que muchos, siguiendo a Hans Kelsen, piensan que toda disposición emanada del Poder Legislativo ya por eso forma parte del Derecho; aunque dicha disposición sea tan irracional como la legislación promulgada por los nazis.
Hoy que todo el mundo condena las barbaridades cometidas por Hitler en los campos de exterminio y cámaras de gas, pasan por alto que lo aprobado por el Parlamento Europeo es muchísimo peor que los crímenes cometidos por los nazis.
Y es que no por el hecho de ser legal una norma ya por eso se convierte en legítima; para ser legítima, dicha norma debe poseer la necesaria bondad intrínseca que busque el bienestar de los gobernados y no su exterminio.
Y concluimos citando a Lope de Vega, popular dramaturgo español del siglo XVII, quien con un gracejo muy especial nos da toda una cátedra acerca de legalidad y legitimidad:
“Todo lo que manda el rey,
Si va contra lo que Dios manda,
No tiene fuerza de Ley
Ni es rey quien lo demanda”
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