Tienen razón quienes afirman que en el mundo laboral mexicano hay empleadores (privados y gubernamentales) que deliberadamente omiten el pago total o parcial de las obligaciones.
En el mundo ideal, todo trabajador en la economía debería gozar de un empleo formal.
Todo empleo debería emerger de una entidad privada o gubernamental que, además de fomentar el desarrollo del potencial máximo de la persona en un lugar digno de trabajo, cumpla con todas las obligaciones de ley.
Quienes generamos empleos, no tardamos mucho en advertir que esas leyes obligan al patrón a contratar con cautela documental y a elaborar nóminas con rigor técnico.
¿Pero qué implica esta obligación? Hagamos un recuento: 1) Emitir los recibos de nómina timbrados con los requisitos que el SAT establece; 2) retener diversos impuestos y aportaciones del trabajador y enterarlas a las entidades que correspondan; 3) pagarle al IMSS cuotas según el salario de cada trabajador; 4) aportar al Infonavit según el sueldo de cada empleado y, en su caso, descontar los pagos que esa institución te requiera por créditos vigentes de tus trabajadores; 5) aportar a la Afore que cada trabajador libremente seleccione el ahorro para el retiro obligatorio; 6) tributar a las entidades federativas donde operes el Impuesto sobre Nómina que corresponda; 7) calcular y otorgar las vacaciones mínimas que correspondan a cada trabajador; 8) pagar la prima vacacional que le corresponda a cada quien; 9) pagar el aguinaldo que corresponda al cálculo de sus días laborados cada año, y 10) en el caso de entidades privadas lucrativas y cuando se materializan, pagar la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa.
¿Complejos los 10 puntos anteriores? Pues todavía hay que sumar las actividades administrativas relacionadas con ausencias injustificadas, permisos para faltar con o sin goce de sueldo, incapacidades por razones diversas, defunciones, finiquitos por renuncias voluntarias, capacitación, equipamiento y liquidaciones por despidos necesarios y cualquier otra prestación adicional que la empresa haya otorgado con el paso del tiempo.
Todo lo anterior, sin considerar cualquier gasto legal que pudiera derivarse de un conflicto laboral extrajudicial o litigioso.
Un buen servicio de outsourcing es una opción para el empresario y para muchas entidades pequeñas y medianas que agregan valor. Por un sobrecosto normalmente calculado como porcentaje de la nómina a administrar, una tercera empresa administra todo lo relacionado con tu personal y te factura el servicio integral.
¿Por qué pagar más por la administración de ese personal?, suelen preguntar tiros y troyanos. Y la respuesta es: mientras el monto resultante por ese servicio de nómina ‘outsourceada’ no resulte significativamente mayor que el costo de administrar internamente las actividades enlistadas y múltiples riesgos de esa función de gestión de los recursos humanos, hace todo el sentido del mundo encargar a un experto externo la gestión de ese personal y enfocarte en tus actividades primarias.
Tienen razón quienes afirman que en el mundo laboral mexicano hay empleadores (privados y gubernamentales) que deliberadamente omiten el pago total o parcial de las obligaciones aquí enlistadas. En justicia se debe afirmar que esa omisión es perfectamente posible y existe tanto en entidades con nóminas internalizadas como con nóminas ‘outsourceadas’.
México debe atacar el problema de la evasión de responsabilidades fiscales y laborales, sin afectar o eliminar las opciones de flexibilidad laboral que apoyan la competitividad de las entidades productivas formales.
En el mundo ideal, no deberían existir ni patrones ni trabajadores tramposos o evasivos. Pero porque existen unos y otros, las diversas autoridades e instituciones potencialmente afectadas tienen múltiples facultades de revisión y fiscalización. Y sí, en ellas hay mucho espacio para la mejora también.
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