El personal de salud público y privado ha demostrado, en heroico cumplimiento del juramento hipocrático, con carácter, fuerza y entereza, no tener otro propósito que el bien y la salud de los enfermos.
Que los médicos, que las enfermeras, que el personal de salud se espere. A la pregunta sobre tiempo y forma en la que los médicos podrán recibir la vacuna, la respuesta del gobierno es que se esperen. No sólo la respuesta, sino la actitud significa y denota una gran crueldad hacia el personal médico en nuestro país.
El malagradecido gobierno de México llegó incluso alguna vez a reconocer a todo el personal de salud. En efecto, hace casi un año, el Ejecutivo presumía un convenio con hospitales y médicos privados que se llamaba “¡Todos juntos contra el COVID-19!”. Ese mismo convenio se renovó en diciembre pasado. De ahí que ellos mismos hayan tenido que reconocer que el esfuerzo del personal de salud ha sido, en todo momento, admirable y solidario. Sin embargo, este gobierno no es fiel a los principios que lo deben regir, ni a sus propios dichos y, como no debe ya sorprendernos, la ambición de ganar las elecciones del próximo seis de junio son el único faro que guía sus pasos, trabajan en contra de quienes han manifestado en algún momento un desacuerdo y, en consecuencia, son figuras de oposición, no toleran el riesgo que implica no ser preferidos por los ciudadanos y castigan a todo aquel que suponen que no va a favorecer con su voto al partido-gobierno.
En términos éticos, la prioridad para un correcto y buen ejercicio de gobierno debió haber sido siempre proteger al personal de salud sin distingos. Sin embargo, el descuido (si es que puede ser calificado como tal) fue grande. Amnistía Internacional informó que México era el país que tenía la cifra más alta de fallecimientos por COVID dentro del personal de salud. Por si fuera poco, el gobierno ha detenido la vacunación del personal de salud que pertenece al sector privado. Las asociaciones calculan más de 25 mil médicos generales que tienen un primer contacto con los pacientes infectados por COVID.
Decir que se “esperen” y vacunar sólo a los médicos del sector público, dejando a un lado al personal del sector privado implica soslayar que, tanto unos como otros son todos médicos y cumplen una función importantísima que, ahora y en este momento, implica poner en riesgo sus propias vidas. La muerte no distingue si pertenecen al sector privado o al público. Estamos ante un acto que no sólo es injusto y cruel, sino que viola la Constitución, violenta los derechos humanos y es contrario a principios que el propio gobierno dice reconocer en su guía de bioética. A continuación, escribo tres argumentos:
1.- Negar la vacuna a los médicos del sector privado es inconstitucional porque viola el artículo primero de nuestra Carta Magna, que obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como interpretarlos siempre en favor de los derechos de las personas. Niega la dignidad de la persona humana al reducir su valor en términos del sector para el que trabaja. Es decir, se trata de un acto de poder violatorio de la dignidad de la persona humana.
2.- El acto del gobierno de México viola el derecho humano a la no discriminación, consagrado en ese mismo artículo primero constitucional y en el Derecho Convencional. Es decir, es un acto claramente discriminatorio porque niega un derecho por factores exclusivamente económicos a quienes prestan el mismo servicio y corren los mismos riesgos.
3.- El Poder Ejecutivo está dando un trato de primera clase a quienes trabajan para el gobierno y un trato de segunda clase para quienes –en uso de su libertad o a falta de plazas en el sector público– prestan sus servicios en la iniciativa privada. Es decir, violenta los principios bioéticos de trato justo y no exclusión al distinguir y excluir al personal médico por motivos económicos y/o políticos.
Si un trabajo, oficio o profesión adquirió la dimensión correcta en términos del servicio que presta fue precisamente el de las y los trabajadores de la salud que hoy están envueltos, injustamente, en una polarización planeada y desarrollada desde el poder público. Quienes creemos en la dignidad de la persona humana debemos sostenernos en nuestra admiración a quienes en esta pandemia no han dejado de trabajar y de arriesgar su vida por nosotros, con independencia del sector al que pertenezcan. En todos los casos, han demostrado, en heroico cumplimiento del juramento hipocrático, con carácter, fuerza y entereza, no tener otro propósito que el bien y la salud de los enfermos.
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