La política social de un gobierno debería ser la expresión más acabada de lo que es la construcción del bien común a través de los principios de solidaridad, subsidiaridad y participación.
El propio Quinto Informe de Gobierno señala que su política social “está centrada en el principio de ‘por el bien de todos, primeros los pobres’, por lo que prioriza los apoyos para el bienestar a los grupos históricamente vulnerados”. Con esa afirmación, el discurso trata de actualizar lo que algunos conocemos como la opción preferencial por los pobres, pero lo hace muy mal porque esta opción preferencial no debería estar basada únicamente en la pobreza por ingreso, sino en todas las dimensiones de ésta; verlo así es de una simpleza enorme que sólo se explica por la visión electorera de esta administración.
La complejidad de la pobreza obliga a medirla en todas sus dimensiones. La propia Ley de Desarrollo Social obliga a medir ésta en distintas categorías: el ingreso por persona, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Este gobierno se avoca sólo al enfoque asistencialista que utiliza para fines electorales y vale la pena mencionar que quienes más han sufrido este enfoque han sido precisamente los más pobres de nuestro país. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2022 reporta que el 61% de los hogares de menores ingresos están excluidos de los programas sociales. Es decir, los más pobres no han sido tomados en cuenta y el resultado es que la pobreza extrema ha aumentado y, hoy, hay 400 mil mexicanos más que se sumaron a la pobreza extrema. Esto habla de la ineficacia de un gobierno en materia de política social porque, aun cuando se destinó más de 874 mil millones de pesos para programas sociales en el presupuesto de egresos del 2023, el dinero no llegó a los que más lo necesitaban y engrosaron las filas de la pobreza extrema. No los consideraron porque casi no votan.
Es cierto que de acuerdo al Coneval (Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social), la pobreza por ingreso per cápita disminuyó y qué bueno, pero el problema radica en que esa disminución obedece únicamente a las transferencias directas de dinero. Sin embargo, el problema de sacar a los mexicanos de la pobreza en todas sus dimensiones no funcionó y el caso más claro es el de la salud, en donde más de 30 millones de mexicanos fueron despojados de su derecho a la seguridad social y hoy tenemos a 50 millones de mexicanos que han perdido la posibilidad de acceder a la salud pública. No hay abasto de medicinas, no hay vacunas, no hay camas, no hay tratamientos. Es una verdadera tragedia la que vivimos en materia de salud. Y la pobreza seguirá ahí, aunque se generen más ingresos por los programas de entrega de dinero que ya no alcanza.
La intervención del Estado en el combate a la pobreza y a la desigualdad debe tener por finalidad brindar a las personas la posibilidad de salir adelante con su propio esfuerzo. Es cierto que debemos garantizar las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, para los hijos de madres trabajadores y para los jóvenes. Pero al mismo tiempo debemos estar conscientes que necesitamos construir un México de oportunidades, de prosperidad, de pisos parejos, de educación que construya posibilidades. Pero este gobierno sólo se ha empeñado en construir una base electoral a la que pueda amenazar para exigirle un voto.
Son tiempos de decisiones, en nuestras manos está el avanzar hacia un México donde hayamos desterrado el dolor humano evitable y podamos mirarnos a la cara reconociéndonos como iguales.
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