Algunas personas hemos manifestado nuestra preocupación por el posible deterioro de la autonomía del Poder Judicial.
El Estatuto de Roma, los convenios internacionales, prohíben los Escudos Humanos. Sin embargo, en la Ciudad de México, la autoridad lo utilizó como una medida para defender los edificios públicos porque no era capaz de protegerlos. No sé en qué estaban pensando al anunciar que 12 mil funcionarios públicos defenderían a los edificios. Se trata de una violación flagrante y clara a los derechos humanos.
Utilizar a cualquier persona, en este caso a servidores públicos, para sustituir a la autoridad fue cruel, irresponsable y contrario a los derechos humanos. Será que nos estamos acostumbrando a las barbaridades, pero asistimos a una expresión no sólo de ineptitud sino de abuso de poder.
Nunca había pasado una cosa así en México, quizás hace unos años no nos lo hubiéramos imaginado, porque a las autoridades no se les hubiera ocurrido; o por lo menos, no se lo hubiera permitido la oposición o las organizaciones o la presión de las opiniones (por ejemplo: la de un ministro de la Corte). Algo puede estar pasando en nosotros que estamos permitiendo tantas cosas y no alcanzamos a ver el fondo de las decisiones.
En nuestra cara, unas personas, miles de personas, fueron expuestas para que no le hicieran nada a los edificios públicos. Los funcionarios públicos fueron obligados a ponerse como escudos humanos. Dijeron que había “fracasado la estrategia”. Esa no era la frase correcta, lo que se debió haber dicho es que se violaron los derechos humanos de miles de personas. En medio de esos reflejos autoritarios del gobierno, se presentó la renuncia del ministro de la Corte Eduardo Medina Mora. Más allá de las razones que el propio ministro expresó en alguna de las cartas para que fuera admitida su renuncia, un ambiente de preocupación rodea el tema.
El sistema de pesos y contrapesos que había en nuestro país no era el mejor, pero se estaba construyendo y lo vemos debilitado por los constantes ataques al Poder Judicial y a los órganos autónomos, así como al poder ilimitado que se le concedió al Ejecutivo y que no han tenido el más mínimo reparo en utilizarlo hasta el abuso. Más allá de las personas, preocupa la transparencia, la libertad en las elecciones, el crecimiento económico y también preocupa una de las deudas sociales más importantes en México, que es la de la justicia.
Así es que expresar el miedo por la pérdida de la independencia del Poder Judicial es un acto de libertad de expresión, nada más y nada menos. Refleja un aprecio a la división de poderes y al sistema de pesos y contra pesos. En el caso de México, hay un miedo fundado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debilite por el nombramiento de los ministros de aquí al 2024. La preocupación es porque el Poder Legislativo está sometido al Ejecutivo y el Judicial es el único que queda. El proceso para la designación de un ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación está previsto en la Constitución: se requiere el voto de algunos de la oposición para que se logre la mayoría calificada en la elección del ministro dentro de la terna propuesta al Senado por parte del presidente de México.
Algunas personas hemos manifestado nuestra preocupación por el posible deterioro de la autonomía del Poder Judicial. La preocupación está fundada por estos guiños autoritarios que vemos y escuchamos cada semana. Sorprende que, en lugar de dar la bienvenida a la alerta ciudadana para proteger la autonomía del Poder Judicial, salieron regañados todos lo que mostraron esta preocupación.
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