La figura de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados está cobrando cada vez más relevancia porque, poco a poco, nos damos cuenta de la dimensión del mal que puede ocasionar que, contrario a la voluntad popular expresada en las urnas, el Poder Legislativo sea sometido a la voluntad del Ejecutivo y terminemos con la División de Poderes.
El comienzo fue cuando el Ejecutivo, sin ser autoridad competente, decidió manipular el número de diputados que tendría cada partido. Con la nueva proyección, la fuerza política encabezada por Morena no tendría el 54% de la Cámara de Diputados, que es lo que proporcionalmente le tocaría, ni el 62% de la Cámara que es el máximo que podría tener, sino el 75% de la misma. Sí, el 75%, es decir, 372 curules de un total de 500.
Lo sorprendente es que los medios de comunicación se fueron con la “finta” y dieron como un hecho el que Morena tendría todo el poder en la Cámara de Diputados. Ese mal calculado porcentaje le quita la posibilidad a la oposición no sólo de frenar las reformas constitucionales, sino también le roba la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes inconstitucionales o que se acepten sin proceso alguno en el Poder Legislativo.
Fuimos pocos, pero cada vez somos más los que hemos evaluado este fraude a la Constitución como una interpretación abusiva con respecto al tope del 8% de representación plurinominal, que es un límite, una restricción y no un “regalo” a los ganadores, como pretenden interpretar mañosamente Morena y sus aliados frente a los órganos electorales.
El resultado de esa famosa proyección es a todas luces injusto. Dejemos a un lado el nombre de los partidos políticos, y partamos de la base de que una fuerza política que obtuvo el 54% de los votos no puede ni debe tener el 75% de la Cámara de Diputados. Un partido político que fue colocado en quinto lugar por el voto popular no puede ni debe convertirse en la segunda fuerza en la propia Cámara. No tiene ningún sentido de justicia.
En la Ciudad de México dieron ya el primer paso: El Instituto Electoral de la Ciudad de México admitió las renuncias post elecciones de los candidatos de Morena a su propio partido, con el objetivo de cambiar los resultados que corresponden a cada partido y, saltando el límite de ley, quitarle así diputados locales a la oposición. Desde luego que la decisión está impugnada y ahora depende de un tribunal que además está incompleto. Esperamos que la decisión, que puede ser dictada hasta finales de agosto, resulte en un acto valiente que defienda los principios expresos de representación proporcional y de expresión genuina de la voluntad popular.
Quizá en un mes, a finales de agosto, el Instituto Nacional Electoral dará a conocer la manera en que serán repartidas las 200 curules de Representación Proporcional. Ahí, cada consejero electoral tiene su propia responsabilidad, algunos de ellos me generan más esperanza que otros. Sin embargo, los ciudadanos no podemos hacer mucho más que no sea el exigirles que actúen en congruencia con los principios de justicia y democracia que prometieron seguir.
La decisión del INE será seguramente, impugnada por los partidos políticos. Y tocará a las magistradas y magistrados del Poder Judicial comportarse a la altura de su responsabilidad.
La importancia de este tema no puede ser disminuida por las discusiones acerca de la iniciativa de reformas al Poder Judicial. Me dio gusto que quienes están dando la batalla en favor de la independencia del Poder Judicial hayan señalado como elemento fundamental que no se acepte la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Es cierto que la anulación de ambos poderes podría darse en dos meses consecutivos.
Anular al Legislativo a través de una decisión de reparto de diputados de manera injusta y antidemocrática tiene como objeto evidente generar una dependencia del Poder Legislativo para que quedar a las órdenes del Poder Ejecutivo. Y de aprobarse la reforma judicial, tal y como está redactada, implica la anulación de la División de Poderes en México. Algo que no le conviene a nadie.
Seguiré insistiendo en redes sociales y en entrevistas sobre el tema de la sobrerrepresentación y sus implicaciones. Pero en los artículos semanales me ocuparé también de algunos temas que parecen cotidianos, pero a los que no podemos acostumbrarnos; es por ejemplo el caso que nos comparte en este diario el editorialista Salvador García Soto, acerca de Virginia de la Cruz, quien entró al Congreso de Zacatecas a reclamar, de manera desgarradora, cómo, a pesar de haber denunciado la desaparición de su hijo de 21 años, resultó que lo habían asesinado y llevaba meses en el Servicio Médico Forense, quienes habían prácticamente abandonado el cuerpo del joven sin que nadie se percatara, mientras ella iba y venía a oficinas, a citas y a laboratorios. Ese tipo de dramas, que ya parecen de todos los días, no serán resueltos con la iniciativa de reformas al Poder Judicial que tanto le preocupa a Morena. Así que pongamos las cosas en perspectiva.
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