Si al renunciante no le importó dar ninguna explicación a los ciudadanos, el presidente debió exigírsela.
La renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es cualquier renuncia. Se trata de uno de los 11 integrantes del máximo tribunal de nuestro país. Si había supuestos para perseguirlo judicialmente, se debió hacer una investigación, pero no una amenaza y es que las formas fueron tales que más que combate a la corrupción y afán de justicia parece venganza y, sobre todo, el deseo del sometimiento de un poder a otro.
El artículo 98 de la Constitución es claro en su tercer párrafo: “Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”.
La Constitución es clara: “solamente procederán por causas graves”.
En el caso de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora: ¿Quiénes violan nuestra Carta Magna? ¡Casi nadie! Veamos:
1. El propio ministro de la Corte que no señala la causa de la renuncia y bien sabe que su cargo no es un contrato de trabajo, es una responsabilidad pública en el lugar más alto del Poder Judicial y nuestro pueblo merece una explicación de su renuncia. Mal por el ministro, que maltrata a los ciudadanos que sí merecemos una explicación.
2. El presidente de la República que decide aceptar la renuncia sin verificar si hay causa grave. Mal por el presidente a quien no le importa el mandato constitucional ni el espíritu expresado en la norma. Si al renunciante no le importó dar ninguna explicación a los ciudadanos, el presidente debió exigírsela.
3. El Senado de la República que sin ninguna necesidad entregó 111 votos a favor de la renuncia … ¡Vaya oposición! Mal por el Senado que debió rechazar la renuncia porque claramente violentaba nuestra Constitución política al no explicar ni siquiera la causa. Si al Senado no le importan los ciudadanos, por lo menos por dignidad institucional debió solicitar una explicación.
Todo el sistema violó la Constitución. Hecho muy grave que atenta contra la base de un Estado constitucional de derecho fundamentado en la premisa de su respeto por las máximas autoridades.
Y la cosa no paró ahí, al día siguiente de la aprobación inconstitucional de la renuncia del funcionario, El Universal publicó un artículo en el que dio a conocer que precisamente en esos días se congelaron y se descongelaron las cuentas bancarias del ministro dimitente y sus hermanos.
Y frente a esto: el silencio de los partidos, el del presidente de la República y, por si fuera poco, el silencio del presidente de la Corte, que en una innecesaria conferencia de prensa, no pudo decir nada de lo que debía decir, de lo que se espera escuchar del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero sí quiso hablar contra un adversario del Ejecutivo Federal, recibiendo al día siguiente otra porra en agradecimiento.
Por si fuera poco, el ministro presidente utilizó la rueda de prensa para decir que iba a combatir la corrupción en el Poder Judicial, tratando de aplicar el dicho popular “el buen juez por su casa empieza”. Empezó por una casa un poquito más lejana, pero del mismo barrio; el problema es que, de todos los posibles corruptos, casualmente las investigaciones recayeron en el magistrado que había concedido amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. El Ejecutivo feliz, feliz, feliz, ya sin un ministro, y con el ministro presidente alineado, sentenció con un juicio sumario a un miembro de otro Poder de la Federación cerrando con otra porra –no de gratitud sino de aprobación– a su ministro presidente.
Encima de todo se sorprenden, se enojan y se hacen víctimas porque los ciudadanos “sospechamos” de que lo que se quiere es someter y adueñarse del Poder Judicial; algo propio de las dictaduras.
Por cierto: “Échenle mentiras al Banco de México” fue la petición que hace el gobierno federal a los industriales. Mentir es la instrucción.
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