Si quisiéramos confirmar la importancia del presente proceso electoral en torno al Congreso de la Unión, bastaría haber visto las sesiones de la semana pasada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. La sumisión de Morena al Poder Ejecutivo no tiene comparación.
Muchos podrían decir que es normal que los congresistas apoyen al presidente, si éste es de su propio partido, pero lo que ve uno en la cámara es una obediencia ciega que ha debilitado el pensamiento de los propios morenistas. Un repaso a los supuestos argumentos del grupo parlamentario de Morena en favor de las tres reformas que se aprobaron y que seguramente se publicarán en estos días, nos darían una muestra del grado de sometimiento de los legisladores de Morena (incluyo al PT y al Verde). Todo esto es totalmente indigno para el Congreso, para el cargo que cada uno de ellos desempeña y hasta para su persona.
Tres fueron las reformas de gran calado que intentaron pasar inadvertidas y ante las que la los miembros de la oposición alzamos la voz para defender el ahorro, la justicia y la división de poderes. Comento en breves líneas lo sustancial:
1. Iniciamos con la ley que le permitirá al gobierno robar el dinero de los adultos mayores de 70 años. Los diputados de Morena sólo se enojaban e insultaban, pero no fueron ni han sido capaces de mencionar un solo argumento para permitir las reformas a esas leyes. Además, esas mismas leyes desmantelan al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado porque les obliga a vender activos, (habría que estar pendientes de quién resulta ser el comprador de varios teatros del IMSS), todo esto para sumar los recursos obtenidos a la fuente de ingresos del gran Fondo de Bienestar.
Pero en esencia se trata de un verdadero atraco, de un “asalto en despoblado” a los adultos mayores. Un robo en el que las víctimas no pueden ser auxiliadas por ser precisamente el Estado quien, sin tomarlas en cuenta, les quita su dinero. Para colmo, al mismo tiempo reforman la Ley de Amparo para que sólo beneficie a la persona que presente el amparo.
2. En relación con las reformas a la Ley de Amparo, podemos decir que éstas implican una crueldad hacia los que menos tienen porque los obligan a litigar personalmente y defenderse ante juzgados de distrito en caso de que diversas autoridades les quieran aplicar leyes que ya se saben que son inconstitucionales. Es verdaderamente un retroceso. Imagínense que el señor Pedro Pérez promueve un juicio de Amparo contra la ley que le roba sus ahorros y el Juez de Distrito le concede la suspensión de la aplicación de dicha ley mientras se resuelve si ésta es inconstitucional. Lo que establecía la ley y ahora prohíbe la reforma es que el juez no conceda la suspensión sólo para Pedro sino para todos los que se encuentren en el mismo caso y así beneficiar aquellos que no tuvieron dinero u oportunidad para pedir el amparo.
En términos de negocios, una reforma como ésta le afectará más a la micro, pequeña y mediana empresa que a las grandes empresas que van a poder pagar esos abogados carísimos que tanto le gustan a Morena y que, aunque los desprecian, forman parte de sus equipos de campaña y hasta de sus gabinetes de gobierno, sin importar el fundamento de las denuncias de corrupción que se han presentado contra esos huizacheros y prevaricadores. Así, las reformas van a generar una competencia todavía más dispareja en razón de quienes puedan pagar la tramitación de un Juicio de Amparo.
3. Por último, menciono la Ley del Indulto a cargo del presidente. Resulta que el Congreso hizo pasar como amnistía lo que claramente es un indulto discrecional a cargo del presidente de la República para seguir dando “abrazos” a los criminales. Esta reforma favorece la impunidad y es contraria a los derechos de las víctimas de cualquier delito, porque no establece excepciones y contraviene la división de poderes. Bajo los lineamientos de esta ley el presidente de la República puede sacar de la cárcel lo mismo a quien robó una cuchara, a un traficante de fentanilo, a un feminicida o un terrorista. Y, como dice la ley aprobada, el presidente liberará a quien quiera y este acto tendrá como efecto no sólo la libertad del sujeto en cuestión, sino que “extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.
La ignorancia con la que se llevó a cabo el debate en esta materia da muestra del poco cuidado que se tuvo en la discusión de esta ley.
Como ven, todas las reformas tienen de común denominador que no buscan la justicia sino la aglutinación del poder al servicio del Poder Ejecutivo a costa del Poder Judicial y, sobre todo, del Congreso de la Unión y de los derechos humanos. En las tres hay un claro ataque a la división de poderes y a los derechos humanos. Sobra decir que los que integramos los grupos parlamentarios de la oposición presentaremos una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
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