Si una empresa privada tiene pérdidas, estas serán asumidas por la propia empresa, incluso podrá quebrar; sin embargo, si una empresa pública, como CFE, tiene pérdidas, subirá las tarifas para salir a flote.
La Comisión Federal de Electricidad o los mexicanos. Esa es la disyuntiva que le presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente optó por fortalecer a la CFE y no al consumidor. Por lo tanto, no miró a los mexicanos. A quien sí vio y atendió fue al director de la Comisión que, una vez más, lo engañó.
Y es que la contrarreforma energética no sólo tiene que ver con la electricidad, sino que abarca también la manera de enfrentar los problemas. En efecto, en este gobierno, está ganando un círculo de personas que, quizás entre adulaciones, se ha colocado en la conciencia del presidente de la República y se aprovecha de los prejuicios ideológicos para manipular la percepción de la realidad y, así, convencerlo de tomar decisiones que son contrarias a México, pero que favorecen “al grupo”.
Y aquí estamos, con una iniciativa de reforma energética-eléctrica que aplasta a los mexicanos porque hará más cara la luz, será más difícil el acceso a la energía y, es contraria al medio ambiente que debe ser la preocupación de todos.
No hay duda, la iniciativa le da más poder a la CFE, al grado de convertirla en una omnipotente empresa pública, dirigida -además- por uno de los políticos más autoritarios de la historia moderna de México, a quien le estorban los reguladores, razón por la que ahora desaparecen. Al director de la comisión le molesta la competencia y, por lo tanto, la nueva reforma le da la facultad de escogerla a su modo; desconoce las energías renovables y, entonces, cancela la posibilidad de utilizarlas con libertad y, por añadidura, su desarrollo. Es como si estuviéramos hablando de una ley privativa y a modo para Bartlett.
En materia internacional -cosa que no le importa a este gobierno-, la abogada Beatriz Leycegui ha dicho de manera clara que bajará la inversión en México -lo que ya está pasando- porque parte del atractivo de nuestro país como sujeto de inversión radica en el hecho de contar con 13 tratados de libre comercio y 30 acuerdos de protección recíproca a las inversiones que tendrían que garantizar que no se modificará el marco legal para restringir la inversión privada sino, por el contrario, para abrirla más, que aseguraría “que competirían en igualdad de condiciones con las empresas del Estado y que se respetaría el Estado de Derecho y que la autoridad no actuaría con arbitrariedad”. Esta reforma hace que sea precisamente la ley la vía para restringir la libertad de participación y creación de empresas, que no respeta el Estado de Derecho y le concede a la empresa pública todo el poder hasta convertirla en juez y parte.
La lógica es muy simple: Si una empresa privada tiene pérdidas, estas serán asumidas por la propia empresa, incluso podrá quebrar; sin embargo, si una empresa pública, como CFE, tiene pérdidas, subirá las tarifas para salir a flote. En consecuencia, la pérdida la pagaremos los ciudadanos; o bien, generará un subsidio de cientos de miles de millones de pesos que también será pagado por los ciudadanos.
La reforma viene así porque el director de la CFE ha sabido engañar al presidente, explotando sus prejuicios ideológicos. Y no es la primera vez que Bartlett engaña al presidente de manera ventajosa. Lo digo sin quitar la responsabilidad al presidente de México.
ATENCIÓN A LA MINERÍA. Advierto: otro peligro de la reforma al artículo 28 constitucional radica en la explotación del litio como un área que podría convertirse legalmente en un monopolio del estado. En este particular, la iniciativa esconde una adición: “…y demás minerales estratégicos”. ¿Qué significa esta última frase? Que, con mayoría absoluta, -con la que sí cuenta el partido-gobierno Morena-, podrán establecer otros minerales como “estratégicos” y declararlos monopolio del estado, sin necesidad de reformar la Constitución.
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