Con la novedad de que al gobierno de Morena ya se le acabó el dinero y le urge conseguir más. A nadie sorprende que a un gobierno que no hizo más que invertir en maquinarias electorales se le acaben los recursos. Entonces, no se le ha ocurrido otra cosa mejor que aumentar la deuda pública, aumentar los impuestos a los ahorros de los mexicanos y quedarse con el patrimonio de los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
La semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobaron dos dictámenes que se van a discutir en las próximas sesiones. Se trata de la Deuda Pública de 2 billones de pesos. Es verdaderamente una perversidad que oscurece más el futuro de los mexicanos, pero especialmente el de los más pobres. Con esta deuda ya vamos a deber cada mexicano 127 mil pesos. El gobierno federal de Morena es el que más nos ha endeudado.
El otro dictamen corrió por cuenta de la Comisión de Presupuesto y es un asalto al Poder Judicial federal y, específicamente, un robo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Este atraco consiste en anular los fideicomisos que dicho poder tiene para emergencias, prestaciones médicas, mantenimiento de inmuebles, pensiones y compensaciones para los trabajadores y personal de justicia que NO son ministros de la Corte. Son fideicomisos cuyo patrimonio se ha incrementado por ahorros y por aportaciones de los propios trabajadores.
Hay muchas razones para votar en contra este dictamen:
1. Violenta el principio de división de poderes, la autonomía debida del Poder Judicial de la Federación.
2. Violenta el principio de progresividad de los derechos. Los diputados y diputadas estamos obligados a que nuestros actos legislativos no restrinjan, limiten o anulen los derechos adquiridos con el tiempo. Estamos hablando de más de 55 mil trabajadores y de fideicomisos que forman parte de condiciones generales de trabajo previamente pactadas.
3. No se trata de un asunto esencialmente presupuestario porque implica reformas a leyes del Poder Judicial y, por lo tanto, debió haberse turnado a la Comisión de Justicia.
4. Viola un principio elemental del derecho que es la garantía de audiencia. Trastoca los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, quienes no fueron consultados.
Una vez más, desde la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición daremos la batalla porque tenemos la razón.
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