Estamos en un momento histórico, se trata de honrar el derecho, la democracia y la historia de México.
Conozco todas las sedes en las que ha estado ubicado el Tribunal Electoral. He ido a defender las acciones de un partido político, he litigado lo que creía que eran los derechos de una candidata independiente. Esta vez no tendría que ser distinto y, sin embargo, lo es. Lo es porque defiendo ante ese tribunal algo muy superior: se trata de un juicio que tiene que ver con la transición democrática del país.
Tengo el honor de defender ante el Tribunal Electoral el derecho fundamental de asociación política de más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos. Tengo el honor de defender, ante el Tribunal Electoral, a quienes en ejercicio de su ciudadanía cumplieron todos los requisitos de la Constitución, todos los requisitos de ley para que les sea reconocido el derecho fundamental de asociación en materia política; de quienes lo hicieron con valor y con fuerza –cuando había sobre todo tibieza–; con legalidad –por la convicción que se tiene de los cauces legales y transparentes– con decisión, porque se quiere participar en la construcción de México.
Crear un partido político es un proceso restrictivo, largo, difícil y constantemente auditable. Fue un proceso al que nos sujetamos puntualmente, cumplimos con todos y cada uno de los pasos que nos establecieron, incluso mucho más allá de lo que marca la ley. Por si fuera poco, es un derecho que sólo se puede ejercer cada 6 años. De ahí que negar el registro de un partido político sin motivo y sin fundamento jurídico es un riesgo para la democracia de un país.
Así, el 3 de septiembre pasado culminaba el proceso de registro de México Libre con la aprobación del proyecto de aceptación de la Comisión de Prerrogativas. El propio INE dio por cumplidos todos los requisitos para constituirnos en partido político.
Sin embargo, intempestiva y abruptamente, en la sesión del 4 de septiembre, cuatro consejeros integraron dos criterios novedosos y ad hoc (solamente aplicables a México Libre) y cambiaron la votación negando –indebida y equivocadamente – el derecho de asociación política a cientos de miles de mexicanos que construimos México Libre. Lo hicieron sin fundar y motivar su resolución, lo cual viola principios constitucionales además de romper con el sistema de fuentes de derecho al inventar criterios en plena sesión y por analogía que en materia electoral está prohibido.
Es falso que la ley requiera negar el registro porque el 5% de los aportantes vía la aplicación Clip no fue identificado. Es falso además que no hubiesen sido identificados. Dimos todos sus datos. Estoy convencida de que ningún partido ha dado tantos datos de sus aportantes como lo hicimos nosotros. Además, ese criterio fue previamente rechazado por los propios consejeros y, sin embargo, lo aplicaron. Es inadmisible, este es el segundo criterio, que, porque dos consejeros aseguren ignorar la existencia y el contenido de un escrito, nieguen el registro de un partido político. Esto va en contra de las más elementales garantías sobre el debido proceso. Por estas razones interpusimos el recurso.
La resolución del 4 de septiembre violó los principios constitucionales de reserva de ley, de legalidad, certeza jurídica, de confianza legítima; de la validez de los actos administrativos, de la garantía de audiencia, del debido proceso, de proporcionalidad, de presunción de inocencia y de igualdad. Pero además violó parámetros internacionales que orientan claramente a autoridades y tribunales electorales, como es el caso de la Comisión de Venecia en la que participa también el Tribunal Electoral.
Estamos en un momento histórico, se trata de honrar el derecho, la democracia y la historia de México. Hemos asistido al Tribunal, los magistrados y magistradas me han generado la confianza de que actuarán cuidando el estado democrático y constitucional del Derecho.
Estoy convencida de que los magistrados están a la altura de la tarea que les presentamos, hemos sido escuchados y buscaré siempre persuadirlos del derecho que nos asiste. En la Historia (así con mayúscula) de una Nación, la Patria exige actos heroicos, no porque lo pida quien es poderoso o débil, sino porque lo dicta la conciencia y lo manda la justicia y la búsqueda de la verdad.
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