Mirar un poco más allá nos permite darnos cuenta que se ha empezado a instalar la impunidad del Estado, pero sobre todo la intimidación por parte del Estado.
El sábado fuimos testigos del primer acto coordinado de este gobierno: la defensa por redes sociales de la secretaria de la Función Pública. Hubo quien se preguntó por qué Hugo López Gatell, ahora se convierte en defensor de ocio. O por qué, al mismo tiempo, emprendieron Rocío Nahle, Olga Sánchez Cordero, Miguel Torruco, Román Meyer, Jesús Ramírez… todos la misma defensa, tarea conjunta que no llevaron a cabo en el caso de otros a quienes también se les ha acusado o señalado.
Porque no es la primera vez que a un funcionario de este gabinete se le ha exhibido en los medios de comunicación por actos de posible corrupción o de falta de transparencia.
¡Qué coordinación! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué bonito! ¡Ya lo quisiéramos para la pandemia! Definitivamente conmovedor. Pero habrá que hacer algunas preguntas al respecto: ¿será que o qué? Voy a explicar el “¿…o qué?”: pues resulta que hay una Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Si le damos una rápida leída al artículo 37 de dicha Ley, entenderemos perfectamente la defensa inusual y coordinada de Doña Irma Eréndira. Este artículo 37 fue reformado, faltaba más, el 30 de noviembre de 2018, un día antes de la toma de posesión del actual presidente y le da, a la defendida secretaria de la Función Pública, muchas facultades descritas en 29 fracciones. Esta secretaria tiene la facultad de revisar a cada uno de sus “espontáneos” defensores sobre innumerables actos que se dan dentro del servicio público; el gasto público de cada una de las dependencias de las que sus “defensores” son titulares; auditorías; les designa al titular del órgano de control interno y de fiscalización que los vigila; conduce las políticas del Servicio Profesional de Carrera; los fiscaliza directamente si cumplen con las normas de registro, contratación, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, ejecuciones de obra, enajenación de bienes; y también puede denunciarlos por cualquier responsabilidad administrativa; vaya, hasta el Código de Ética es facultad de esa secretaría.
Es decir, la defendida secretaria revisa todos los actos de sus valientes escuderos. Y, por si fuera poco, el 11 de junio pasado publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo en el que se prevé la gura de “los alertadores externos e internos de la corrupción” y que algunos llamaron “soplones” al estilo cubano y de la Unión Soviética.
Algo de lo señalado explica, de forma clarísima, que estos funcionarios, en uso de una “libertad” y capacidad de coordinación envidiables, prefirieron defender “espontáneamente” a la secretaria de la Función Pública, que concentrarse en sus propias obligaciones. No importa que estemos en el peor momento del COVID-19; no importa que un pequeño foro virtual haya terminado con un órgano como la Conapred. Lo de menos es concentrarse en el efecto de las declaraciones del presidente que sugieren que a los ricos sí se les puede secuestrar, o que acepta liberar a criminales. Qué más da la pérdida de inversiones por el rechazo a las energías renovables. Lo importante fue unirse a la ofensa y salir a la defensa de la secretaria que tiene a todos en sus manos. (Por cierto, hay algo bueno en todo esto: los mexicanos nos hemos enterado que, algunas secretarías todavía existen, no se han ido).
Mirar un poco más allá nos permite darnos cuenta que se ha empezado a instalar la impunidad del Estado, pero sobre todo la intimidación por parte del Estado. Este pasaje nos dice que los funcionarios que han salido a la defensa de la supersecretaria de la Función Pública no están perdiendo el tiempo, lo que están haciendo es actuar en defensa propia porque este gobierno, que es vengativo hacia afuera, lo es también hacia adentro.
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