Se requiere valentía ciudadana y, sobre todo, valentía de quienes son oposición y entre los jueces, quienes tienen que defender su autonomía e independencia porque forman parte de un poder distinto al Ejecutivo.
¿Habrá quien todavía tenga duda acerca de la dictadura populista que intenta instalarse en nuestro país? Nada más la semana pasada vivimos los mexicanos DOS desplantes autoritarios que violentan los derechos humanos y la división de poderes:
1.- El 15 de abril los senadores del partido en el gobierno aprobaron unas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fueron publicadas en la noche del día siguiente. Propone la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que debe llevar a cabo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los artículos 180 ter y quáter obliga a los usuarios de un celular a proporcionar no sólo su identificación oficial y un comprobante de domicilio (lo cual sería suficiente), sino que también exige la entrega de sus datos biométricos. Los datos biométricos son huellas dactilares, impresiones de voz e iris de la persona que identifican, así como características faciales únicas de cada individuo. De lo contrario no se podrá tener acceso a la línea telefónica móvil.
Lloverán los juicios de amparo, porque la reforma es inconstitucional, viola los derechos humanos establecidos en los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución. No hay duda, el partido-gobierno encabezado por Morena no tiene límites ni respeto a la persona humana en su afán de aglutinar el poder.
2. Ese mismo día, el Senado de la República aprobó un cobarde artículo transitorio que expresa la cooptación del Poder Judicial a través de la ampliación del periodo constitucional en el que habrán de permanecer en su puesto el presidente de la Corte y los Consejeros de la Judicatura Federal. De 4 a 6 años en el caso del ministro presidente (Arturo Zaldívar) y de 5 a 7 años en el caso de los consejeros de la Judicatura (siete consejeros). Casualmente, coincide con el término de sexenio de López Obrador.
Este artículo viola claramente dos artículos de la Constitución:
Art. 97 párrafo cuarto: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
Art. 100 párrafo quinto: “Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo”.
La sola lectura de estos artículos vuelve evidente la violación constitucional. Más aún, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su “preocupación por la aprobación en el Senado de un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ampliaría mandatos del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Consejeros de la Judicatura Federal, excediendo el plazo constitucional de dichos cargos”.
Es un desplante autoritario y dictatorial que tiene como fin la cooptación de la Suprema Corte, cabeza de un poder cuya autonomía tendría que garantizar la existencia de un gobierno democrático.
Respecto de esta reforma, el presidente de la Corte que, imprudentemente, acompañó en su momento al Poder Ejecutivo a presentar la iniciativa de las reformas al Poder Judicial, hoy guarda un imprudente silencio.
Hay mucho qué reclamarles a los senadores de la República: su ausencia, su ingenuidad, su negligencia. Quien no entienda que estos tiempos son para defendernos de la instalación de una dictadura, no entiende nada. Es ahora cuando se requiere valentía ciudadana y, sobre todo, valentía de quienes son oposición y entre los jueces, quienes tienen que defender su autonomía e independencia porque forman parte de un poder distinto al Ejecutivo.
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