Al dictador populista le estorba y le molesta la libertad de los otros, vigila a los que están con él y hostiga a quienes piensan distinto; por eso no le cuadra bien el sistema de pesos y contrapesos que significa el principio de División de Poderes.
El Poder Judicial es parte indispensable de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, quizás sea precisamente eso lo que lleve a López Obrador a denostarlo todos los días y para ello utiliza sus facultades constitucionales, metaconstitucionales y personales. La iniciativa que ha presentado sobre el Poder Judicial está cargada de sus propios enojos y de sus reacciones y molestias.
El lunes 5 de febrero, el presidente no asistió al acto republicano conmemorativo de la Constitución Política. Por el contrario, pronunció, desde la comodidad de Palacio Nacional, un discurso de “presentación” de iniciativas de reformas a dicha Constitución que, sobra decir, fue en una buena parte un “discurso de odio” y de venganza. Y es que es incapaz de presentar algo sin polarizar ni ofender a una buena parte de los ciudadanos para los que gobierna. Las iniciativas reflejan el estado de ánimo del presidente y, en ese sentido, la que se refiere al Poder Judicial no es la excepción.
De la Exposición de Motivos de la iniciativa se desprende que al presidente no le interesa que se haga justicia (fin último y esencial de existencia de dicho poder) sino, como ya señaló Ana Laura Magaloni, capturarla y, con ello, politizar y/o partidizar completamente al poder judicial. En la página uno señala: “no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”. Afirmación que se vuelve peligrosa a partir de dos planteamientos: primero, no se señala ni se demuestra cómo es que todos los órganos responsables de garantizar la justicia carecen de interés para hacerlo y privilegian a grupos de poder contrarios al interés público. Por otro lado, tampoco argumenta porqué las reformas habrían de impedirlo.
Para explicar la iniciativa señalan que el contenido se divide en cuatro partes:
a) Elección de ministros, ministras, magistrados, magistradas y jueces de distrito por el voto popular (lo mismo pasaría en los poderes judiciales locales). Mucho habrá qué decirse acerca de la inconveniencia de esta propuesta, pero en este artículo menciono el modelo en el país que se inspira y una de las consecuencias imprácticas de esta decisión:
Primero, el modelo inspiracional de esta iniciativa es: “el destacable ejemplo de Bolivia que en el 2009 enfrentó un reto histórico al construir un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (página 20 de la iniciativa). Nótese que la referencia no es Dinamarca sino la Bolivia de Evo Morales.
Segundo, prepárese la Ciudad de México para votar más o menos a 500 servidores del Poder Judicial. Y para ello hay un nuevo Instituto: El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
La representación popular está garantizada ya en el voto que hacen los ciudadanos de sus representantes al Congreso de la Unión y a los congresos locales. En fin, que ya habrá oportunidad de expresar los defectos específicos que esta iniciativa conlleva.
b) La Reforma (elimina) el Consejo de la Judicatura Federal. En su lugar van a crear dos órganos: el de la Administración judicial y el del Tribunal de Disciplina Judicial, electos por la ciudadanía de manera directa, igualmente será través de listas que presente el ejecutivo y el senado. Desde luego el Tribunal contará con amplias facultades. Con esto se abre la puerta al hostigamiento hacia el Poder Judicial para lograr el soñado sometimiento al Ejecutivo
c) Justicia pronta y expedita Principio ya consagrado en la Constitución, pero en este caso se establecen procesos innecesarios que permiten perseguir a los funcionarios del Poder Judicial. Les quita por un lado el presupuesto y, por el otro, les exige más para aumentar la discrecionalidad en la investigación y persecución de jueces y magistrados.
d) Régimen transitorio. Aquí termina por correr a todos los ministros y ministras de la corte, así como a los magistrados de Tribunales Colegiados para empezar una elección que terminará en un asambleísmo totalmente politizado y partidista.
Por supuesto que hay algunas cosas salvables, como el hecho de que al sustituir a un ministro sólo se hará para cubrir el periodo constitucional por el que aquél había sido electo. Sin embargo, en general, se trata de un concierto de barbaridades que responden a un sentimiento de venganza personal.
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