El gobierno tiene la fuerza pública, la fuerza del Estado para enfrentar al crimen y no lo está haciendo.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona”.
-Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuánta razón tiene el filósofo Fernando Savater al escribir hace unos días: “El primer servicio que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos es la seguridad. El primero, porque sin seguridad el resto de derechos no puede ejercerse e incluso su altisonante proclamación se convierte en burla”.
Sin embargo, este no es el pensamiento del presidente de la República. Para él los miembros del Ejército son lo mismo que los criminales, incluso pueden tener menos derechos porque pueden ser vejados. Quizás con las imágenes de hechos ocurridos en Michoacán nos dimos cuenta de la humillación al Ejército permitida por el Estado mexicano; y el propio jefe del Ejército contestó: “Cuidamos a los integrantes de las bandas (léase “criminales”), son seres humanos, esta es una política distinta”.
El artículo 87 de nuestra Constitución establece la obligación del presidente de la República de protestar, guardar y hacer guardar la propia Constitución y las leyes que de ella emanen, así como de actuar leal y patrióticamente. De ahí que el presidente debe cuidar a la ciudadanía y defender a los mexicanos de los criminales. Esta no es la primera vez que el jefe del ejecutivo se refiere con más cariño a los criminales que a los periodistas, a las mujeres, a los soldados; para acabar pronto: que a los ciudadanos. Sin embargo, esta es una de las declaraciones más lamentables porque nos avisa qué está haciendo con los delincuentes y miembros del crimen organizado: no sólo los está dejando pasar, sino que también los saluda.
El discurso del presidente parte de la falsa premisa de que los criminales también son “mexicanos”. Ahora bien, qué estatuto de nacionalidad puede detentar quien atenta contra sus connacionales y mata a otros seres humanos. No debemos disfrazar el texto constitucional de un postulado ético inamovible: quien mata atenta contra la Ley y debe ser perseguido por aquéllos que juraron protegerla.
Como cualquier mexicana o mexicano yo creo en un país en el que cada persona pueda caminar libremente por las calles, con su familia; caminar tranquilamente hacia su casa, su escuela o su trabajo. La seguridad no es quizás lo único que debe lograr el Estado, pero es su primera justificación para que podamos construir los bienes públicos que necesitamos.
Los criminales atentan todos los días contra el Estado mexicano y contra la sociedad. Al Estado, a través del gobierno, le corresponde combatir la inseguridad disciplinadamente con presupuesto y con organización. El gobierno tiene la fuerza pública, la fuerza del Estado para enfrentar al crimen y no lo está haciendo.
Estamos viviendo los momentos más inseguros de nuestro México en la historia moderna. El estado de indefensión en el que el gobierno ha colocado especialmente a quienes integran la clase media y a los más pobres de nuestro país son, además, señales del descenso en la economía, de riesgo democrático y, sobre todo, de pérdida de libertades y de la propia dignidad de quienes no tienen más que al Estado para enfrentar al crimen.
Quienes detentan el poder público deben defender el bien y enfrentar el mal; si el presidente no está allí para defender a los mexicanos de la fuerza que mata y que destruye al propio Estado, entonces, ¿para qué está?
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