Una declaración como la que se hizo el 14 de junio es una declaración criticable en términos políticos, jurídicos y humanos. La política es para servir y construir el bien común. Lo que pasó fue un acto de poder en una clara amenaza a la libertad.
“… cuando un régimen quiere violar los derechos y libertades,
comienza tratando de amordazar a sus abogados.”
Juan Antonio Cremades
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, emitió un comunicado sobre las advertencias del Ejecutivo Federal en relación con los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía que inicia así: “El pasado 14 de junio, el Presidente de la República, en conferencia de prensa advirtió que, si sus ‘adversarios’ logran frenar con amparos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, él los exhibirá ‘para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses’. También minimizó los fallos de los jueces federales para detener las obras en Santa Lucía y atribuyó esa estrategia a actores políticos y económicos.”
Ese mismo 14 de junio expresé mi indignación ante tales mensajes. Fui parte de una expresión constante en redes contra los dichos autoritarios y violatorios de derechos fundamentales expresados por el titular del Ejecutivo.
#NoEstánSolos
Los amparos contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía o los amparos contra la cancelación de las estancias infantiles —que, por cierto, han sido exitosos—, y en general el uso del Derecho es uno de los instrumentos más valiosos que tenemos los gobernados para defendernos de los abusos del poder. Por eso tenemos que defender a quienes decidieron defenderse.
Una declaración como la que se hizo el 14 de junio es una declaración criticable en términos políticos, jurídicos y humanos. La política es para servir y construir el bien común. Lo que pasó fue un acto de poder en una clara amenaza a la libertad, fue un abuso desde el poder porque además avisó que tenía la información —que sólo da el poder— de cada uno de los abogados que presentaron amparos contra los actos de autoridad. Y por si fuera poco, se adueñó incluso de las intenciones. Políticamente, es un abuso y un aviso de que no tiene límite alguno en el actuar.
Jurídicamente es impresentable. Quien tiene la obligación de “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, …” como lo dice el artículo 87 envió —desde los micrófonos del poder— un mensaje de cancelación de derechos de libertad y de amenaza con represalias a quien disienta, no lo hizo contra sus adversarios políticos sino contra el Estado de Derecho.
A México le costó mucho transitar a la democracia. Por momentos creímos que era suficiente y no fue así. Nos faltó trabajar en la cultura de la legalidad y hoy sufrimos la falta de esta cultura de legalidad en su más preocupante y peligrosa expresión que es en la autoridad, en el poder, que hoy tiene además un camino lleno de condiciones que permiten ejercerlo ilimitadamente y así lo está avisando.
Es importante defender la lucha de los abogados que han intervenido en los amparos. Celebro y me solidarizo con quienes han salido a la defensa de los derechos. Gracias por ponerse del lado del Estado Mexicano, del ejercicio del derecho y no de la amenaza y el abuso. Una vez más me siento orgullosa de haber estudiado la carrera de Derecho.
Hace unos meses me invitó a hablar del Derecho un grupo de jóvenes de la UP y les hablé del papel digno que estaban desempeñando colectivos y asociaciones de abogados en México. Les recordé uno de los mandamientos que Eduardo Couture escribió para los abogados: “Ten Fe en el Derecho como mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia como destino normal del derecho; en la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Sobre todo, ten Fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.”
Todos estamos obligados a defender la defensa.
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