El artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa, modalidad que obliga a una persona a enfrentar su proceso en la cárcel, sin que le hayan probado nada todavía, tratándose de determinados delitos que se consideran graves. Técnicamente, lo que se aprobó el miércoles pasado en la Cámara de Diputados es aumentar el número de delitos por los que pueden mandar a la cárcel, de manera oficiosa a sujetos a proceso pese al principio de presunción de inocencia.
Lo que alguna vez fue una excepción, a partir del 2019 se convirtió en regla general. Pero esta vez, el gobierno de Morena, ha cruzado los límites al aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y, además, prohíbe tajantemente a los jueces interpretar, bajo cualquier criterio, lo que puede ser perjudicial para muchos procesados. Nadie está peleado con la seguridad, ni con la firmeza para perseguir a los delincuentes, pero esta figura es distinta a la prisión preventiva justificada que implica la intervención del juez para ver si es válido meter a la cárcel a un supuesto delincuente y que lleve todo el proceso en prisión. Esta reforma es notoriamente contraria al principio de presunción de inocencia.
En efecto, el miércoles 13 de noviembre, en la Cámara de Diputados, se aprobó una infame reforma al artículo 19 constitucional que aumentó el catálogo de delitos que serán perseguidos con prisión preventiva y que obliga a los jueces a acatar literalmente lo que diga el ministerio público. La cantidad de delitos previstos, que son más de 25, hacen nugatorio el principio de presunción de inocencia, ese que dice que “toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario”.
Morena cree que violentando el principio de presunción de inocencia, como lo han hecho sin pausa desde 2019, van acabar con el contrabando, con el trasiego de fentanilo y “otras drogas sintéticas”, con las facturas falsas, la extorsión o la corrupción
Alejandro Hope advirtió muchas veces que la prisión preventiva oficiosa era contraria a derecho y afectaba a los más pobres. Y los datos del gobierno nos dicen que a partir de la reforma del 2019 de López Obrador en el 2021 se llenaron las cárceles de inocentes. Para el 2023 se registraron más ingresos de personas en las cárceles que en los últimos 15 años y claro que no se llenaron de ricos… sino de pobres y particularmente de mujeres
Si usted es acusado por alguno de los más de 25 delitos previstos, no importa que el Ministerio Público no tenga pruebas, usted puede ser enviado a la cárcel; el Ministerio Público, que no es parte del Poder Judicial, le avisa al juez y el juez está obligado constitucionalmente a meterlo a la cárcel aunque no haya ni una sola evidencia en su contra. Hay un desprecio absoluto a la intervención de un juez. De ese tamaño es la reforma al artículo 19.
En realidad, lo que quieren es legalizar la represión y, así, resolver el dilema entre ser y no ser represor. Lo que quieren es un instrumento para callar periodistas, reprimir opositores y chantajear empresarios con la amenaza de una prisión, sin importar que los primeros afectados sean los pobres y las mujeres.
Por cierto, la reforma incluía narcomenudeo y defraudación fiscal, ambos delitos fueron eliminados del dictamen. Supongo que en el caso de la defraudación fiscal sirvió de algo que muchos ciudadanos nos opusiéramos, así como también sirvió la presión de empresarios y hasta que se dieran cuenta de las posibles afectaciones a tratados de libre comercio, pero ¿quién presionó para que se eliminara el narcomenudeo? Es pregunta, como dicen por ahí.
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