No podemos vivir sin un poder judicial libre y sin un organismo que defienda la transparencia de los procesos electorales.
¿Puede la Cámara de Diputados negarle presupuesto a un órgano autónomo hasta anularlo? ¿Será válido que un Congreso expida una ley y, meses después, no permita ejecutar dicha ley al no darle el presupuesto correspondiente? ¿Podrá en algún momento una Cámara de Diputados, compuesta por una mayoría de miembros del partido en el gobierno, “anular” a un poder autónomo quitándole el presupuesto a grado tal de que el acto mismo de reducción del presupuesto se convierta en un golpe de Estado?
Las preguntas las podemos y debemos hacer ahora porque la Cámara de Diputados dictaminó dos reducciones muy importantes a un organismo y a un poder autónomos: al Instituto Nacional Electoral le quitó 4,913 millones de pesos; al Poder Judicial de la Federación le redujo 3,000 millones de pesos.
De nada le sirvió al presidente del INE suavizar sanciones a Morena, de nada le sirvió negar el registro a la única organización que era una oposición verdadera, de nada sirvió mantener el acoso, de nada sirvió obedecer; al final, Lorenzo Córdova fue maltratado en la comparecencia y además le quitaron el dinero. Pero el presidente del INE reclamó ante la Suprema Corte que la reducción de presupuesto es tal que le impide cumplir lo que el propio Poder Legislativo le exige.
Por otro lado, de nada le sirvieron al presidente de la Suprema Corte sus porras al titular del ejecutivo al inicio del sexenio, ni sus provocaciones a la oposición. No importó que el presidente de la corte orientara la votación de una consulta absurda para enjuiciar a expresidentes, ni su ambición al prestarse a hacer el ridículo que implica experimentar una extensión ilegal de un mandato constitucional. De todos modos, le quitaron tres mil millones de pesos. Pero, a diferencia del titular del INE, el presidente de la Corte declaró que haría el mismo trabajo. Es decir, o su propuesta de asignación fue una mentira y presentó un presupuesto “acolchonado” y, en consecuencia, le sobraba dinero; o miente al decir que podrá cumplir con su trabajo porque sabe que hay un déficit de juzgados y un retraso importante en la resolución de juicios. Todo mal.
Bien podría aprovechar el Consejo de la Judicatura y pedir al presidente de la Corte que, aprovechando el estudio que se hará por el INE, se consulte si también es posible hacerle esos niveles de reducción al presupuesto del Poder Judicial.
La lección de todo esto es para el consejero presidente del INE y el ministro presidente de la Corte; pero la advertencia es para todos. Debieron saber que la autonomía se defiende con valentía y sin cálculos personales o políticos, y que jugar al “queda bien” no le sirve en nada a las instituciones. Dura lección para ellos. Sin embargo, si concedemos la posibilidad que la mayoría oficialista, al retirar el presupuesto, anule a un poder, entonces, el riesgo de perder la democracia y el orden constitucional en México es muy grande y la llamada de alarma es para todos los ciudadanos que, independientemente de nuestra vida profesional, debemos defender las instituciones. No podemos vivir sin un poder judicial libre y sin un organismo que defienda la transparencia de los procesos electorales.
POR CIERTO: mi solidaridad con la batalla que están dando quienes integran la comunidad universitaria del CIDE: El gobierno inició una guerra contra los científicos, se fue después contra la UNAM y ahora es el CIDE quien sufre la afrenta. Los jóvenes y los maestros están dando una batalla que debemos acompañar por el bien de México y la libertad de los mexicanos.
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