Pregonan gobernantes mexicanos de izquierda que la propiedad de alrededor de 300 empresas básicas por ellos, garantiza la seguridad nacional. La realidad nos dice lo contrario. Las empresas estatales son la principal fuente de pérdidas, corrupción y derroche de recursos del sector público.
En auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a empresas estatales, detectaron que más de 32 mil millones de pesos no tenían un destino claro o se ignoraba a dónde fueron a parar. Algunos aseguran que se los robaron, otros que son pagos a parientes y amigos de altos funcionarios.
La propiedad de gobernantes de Pemex y CFE, que arrojan pérdidas, afirman sus burócratas dueños, es básica para garantizar seguridad y autonomía a México.
En EUA las empresas eléctricas y petroleras son de particulares, y hay competencia entre ellas. Esas empresas ofrecen a los consumidores mejores productos y más baratos, y un mejor servicio de energía eléctrica y una mayor calidad de gasolinas que en México.
Si comparamos los precios de la gasolina y del kWh del fluido eléctrico, en México y EUA, hay empresas privadas en Texas y en otros estados americanos, que venden esos productos básicos al público a un menor precio que los monopolios estatales en México.
En México hay contubernio entre altos funcionarios del gobierno, sus parientes y amigos proveedores, que les venden a Pemex y la CFE a sobreprecios productos de baja calidad. Esas “tranzas” son el mejor negocio del país.
En el 2022 la CFE tuvo 95,620 millones de pesos de pérdidas y Pemex 172 mil millones, datos dados a conocer por las mismas empresas.
Para calcular la magnitud de esas pérdidas las comparamos con el presupuesto de la Secretaría de Transportes, actualmente llamada Secretaría de Infraestructura, que entre uno de sus fines está la construcción de carreteras.
En el 2022 el presupuesto de esa Secretaría, cuya función fundamental es comunicar a los mexicanos entre una ciudad o pueblo a otros, fue de 62,352 millones, 4.3 veces menor que las pérdidas de la CFE y de PEMEX, empresas que son las principales fuentes de corrupción, derroche y enriquecimiento de los funcionarios que los dirigen o de sus superiores, y de sus amigos o parientes que hacen la función de proveedores, quienes les venden a sobreprecios. De esos recursos recibidos salpican a quienes los conectan para hacer esos jugosos negocios.
Ni en EUA, ni en Canadá, ni en Alemania, ni en ningún país que progresa hay empresas estatales. En esos países el gobierno vigila que las empresas privadas no abusen o engañen a sus clientes, y que no se asocien para formar monopolios de las ventas de un producto o servicio.
En México, Venezuela, la URSS, Corea del Norte, la Argentina, antes de Milei, y en varios países africanos con gobiernos socialistas, están plagados de empresas propiedad de los dictadores o gobernantes socialistas, mientras en la mayoría de los países más adelantados del mundo, como EUA, Canadá, Alemania y Singapur ya no hay empresas estatales.
En las dictaduras y en el socialismo real, no desaparecen los capitalistas, sino los gobernantes se vuelven los únicos capitalistas, por ellos muchos analistas y economistas llaman al socialismo capitalismo de Estado, pues altos burócratas son los dueños “de facto”, de las paraestatales que existen en esos países.
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