Simular es una de las actividades de la política. Ya sea para engañar al ciudadano, al oponente o a los medios de comunicación, la simulación es un recurso muy utilizado. Simular, por ejemplo, que todo está bien en una crisis es fundamental, no transmitir estados de ánimo que denoten preocupación o rabia es importante en una figura política. Porque, en buena medida, una parte del ejercicio del poder es el manejo de las apariencias, las maniobras. No en balde los políticos tienen fama de ser unos simuladores de altísimo nivel.
El problema es cuando la simulación es parte de la ley. Me refiero en concreto a la ley electoral que tenemos. Fue una ley hecha por los partidos para limitar las formas del triunfo que tuvieron Fox y Calderón pero que afectan a todos, que quizá pensaron que nunca iban a ganar.
Asombrosamente los partidos participaron animadamente en la elaboración de un mamotreto premoderno que impide y regula a extremos ridículos todo el andamiaje que hay alrededor del lanzamiento y desarrollo de una candidatura. En lugar de fomentar la competencia libre y democrática, hicieron lo menos libre posible las campañas y las precampañas. El resultado, por un lado, es que tenemos una enorme cantidad de normas que incluso impiden llamarle precandidato a una persona que abiertamente lo es; que no se le puede decir elección de candidato a un proceso en el que se elige un candidato y que éstos no pueden promoverse como lo hace cualquier candidato o precandidato en democracias medianamente modernas. Por otro lado, tenemos que, para hacer un ejercicio de selección de candidato, todos, desde el presidente de la República hasta el precandidato con menos posibilidades de salir adelante, las autoridades electorales, los partidos y los ciudadanos que participan en dicho proceso, tienen que entrar en un ejercicio de simulación y en algo que la magistrada Janine Otálora calificó atinadamente como fraude a la ley. Así pues, que la manera en que se han hecho las leyes en México desde hace años obliga a darle la vuelta a la propia ley si se quiere. Hacer un ejercicio democrático o de decisión. Absurdo. Y peligroso, porque como casi que obliga a incumplir la ley, a burlarla, en un escenario cerrado, con los antecedentes de participación ilegal de todos, se podrían dar las condiciones para anular la elección.
Eso pasa por legislar con dedicatoria o cuando se cumplen los caprichos de unos cuantos. Insisto en que la ley que se aprobó en 2008, y que fue aprobada incomprensiblemente por el PAN de esos años, fue un contrasentido. Se legisló entonces el menú de agravios de López Obrador por su derrota de 2006 y también los rencores del PRI y el sentimiento de culpa del PAN. El resultado está a la vista: es una ley que le ata las manos al PAN, al PRI y a López Obrador. Una cucharada de su propia medicina.
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