La detención de Cienfuegos era, sin duda, una afrenta para la milicia y para el gobierno de López Obrador.
Hay temas que se imponen, que se tiene que hablar de ellos inevitablemente, aunque contemos con poca información. Uno piensa que va a escribir sobre el decreto presidencial en el que se prohíben las inundaciones o sobre el nuevo disparate de la secretaria Irma Eréndira Sandoval, que dijo que la pandemia de COVID-19 le cayó “como anillo al dedo” al gobierno de López Obrador, y resulta que no se puede hablar de eso porque surgió en la tarde un tema que sí es de interés público y no es una más de las babosadas de algún colaborador presidencial. El tema, por supuesto, es el regreso a México del general Cienfuegos, apresado y acusado en Estados Unidos de colaboración con grupos de narcotraficantes.
Me parece que el anuncio de ayer tiene un logro para el gobierno, concretamente para la Cancillería mexicana y particularmente para Marcelo Ebrard. Seguramente se trató de una negociación compleja y difícil. La decisión del gobierno estadounidense, de la DEA, una de sus agencias, de acusar a quien fuera jefe del Ejército Mexicano, rebasó límites en muchos sentidos. Las pruebas conocidas parecían demasiado fantasiosas, no sonaba nada concreto o preciso. Sueños guajiros de algunos agentes norteamericanos con ganas de poner en jaque todo y culpar, como siempre, a este país de los males que padecen sus millones de drogadictos.
El arresto de Cienfuegos ha dañado sin duda la relación bilateral. Sobre todo, en términos de combate al crimen y la disposición del Ejército para colaborar con las agencias estadounidenses. Además, se trató de un acto de desprecio del gobierno norteamericano a sus pares mexicanos, del presidente para abajo. Una vez llevado a cabo el arresto, el clown que mandaron como embajador se solazaba diciendo que lo supo desde un inicio, pero que no le dijo nada a nadie. El presidente López Obrador, acostumbrado a la reacción inmediata sin pensar, dijo que iban a investigar a los que habían estado bajo el mando del detenido –lo que significaba todos y cada uno de los miembros del Ejército–, dicho que tuvo que corregir al día siguiente por el enfurecimiento que causó en las filas castrenses.
La detención de Cienfuegos era, sin duda, una afrenta para la milicia y para el gobierno de López Obrador. Por inverosímiles que parecieran las acusaciones, el asunto es que el general ya estaba en una cárcel estadounidense. Se trataba de un golpe seco al Estado mexicano en el que se podía juntar la sospecha con las ganas de humillación y hasta ciertos tintes electorales. Si los estadounidenses se percataron de que tenían un caso débil, el golpe es durísimo, pues, sin duda, mantendrá a los verdes en posición de alerta y defensa ante cualquier intento de colaboración. El comunicado conjunto menciona que si se considera, puede ser juzgado en nuestro país. Eso no sucederá. Por lo menos no con la información de este fallido juicio.
Así que López Obrador seguirá militarizando toda la vida pública nacional con un agradecimiento mayor por parte de los militares que encontraron en su comandante supremo al jefe que tenía que defenderlos y así lo hizo.
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