Más allá de las miserias de nuestra actual clase política, se antojaba muy difícil que la oposición, sus partidos, más organizaciones ciudadanas —lenas de exmilitantes en desgracia de los partidos— apoyadas por el empresario Claudio X. González, llegaran a un acuerdo de un método de selección del candidato opositor. El resultado es una mescolanza absurda de métodos y ponderaciones, en el que se privilegia el dinero y el manejo clientelar de votantes.
Lo primero que sorprende es que el PAN haya autorizado este acuerdo. Se entiende la palabra empeñada en el pertinente chantaje que hicieron las estructuras de don Claudio para ir en conjunto. El PAN tenía que salir de la mano con dichas organizaciones —al final son la cara visible de iniciativas exitosas como las marchas de febrero y noviembre, ambas notables e incuestionables—. Pero el acuerdo al que llegaron puede favorecer a cualquiera menos a los panistas y a los ciudadanos sin partido. Hasta parece un golpe dedicado a Santiago Creel. El PAN no funciona así. Aunque tenga un manejo clientelar del padrón partidista, es algo muy pequeño comparado con un manejo “nacional”. Los ganones en las inscripciones de firmas y de voluntarios a la consulta de votación —tal y como está planteado en el mamotreto— solamente son aquellos que saben hacer eso: los del PRI, los de Morena o los que tengan mucho dinero. Paradójicamente, el modelo que presentan hoy la llamada sociedad civil y las dirigencias partidistas privilegia los grandes vicios de los partidos políticos: el dinero y el control de los electores.
Bien dice Germán Martínez que este modelo no es de partidos ni de ciudadanos, es de dinero. Y es que si alguien quiere participar en lo que se definió como dos meses de competencia deberá tener disponibles unos 10 millones de pesos para sufragar la recolección de firmas, viajes, promoción en redes, algo de impresos o lo que le permitan las reglas para subir en las encuestas y mantener un ejército de voluntarios —en el mejor de los casos— o de operadores que ayuden al convencimiento de los ciudadanos no sólo para recolectar su firma, sino para que se animen a votar (según estimaciones de la experiencia previa en recolección de firmas el costo unitario va de 20 a 70 pesos por firma). De entrada, serán 20 días para recabar las 150 mil firmas. Veinte días. Todavía no se dicen mínimos y máximos por estado. Una vez entregadas las firmas se podrán inscribir ciudadanos —aunque no hayan dado su firma para el registro— en un padrón de simpatizantes opositores o algo por el estilo, para que voten el día de la elección o consulta. Aquí ya veremos quién lleva más simpatizantes a inscribirse —recordemos que Alito, cuando surgió lo del millón de firmas, dijo que él ponía 2 millones—. El que gane en la votación de la consulta a la mejor no es el ganador final, pues también cuenta cómo vaya a salir en la encuesta final. Se puede dar el caso de perder en la encuesta —que casi nadie te conozca ni te tome en cuenta para el cargo— pero ganar la consulta llevando mucha gente a votar. O alguien que gana la elección salir bajo en la encuesta y no ser candidato o viceversa. Todavía no se precisan muchos aspectos. Al parecer, al igual que en Morena no habrá debates. Habrá foros-pasarelas regionales y luego una encuesta para eliminar a los que se vean poco competitivos y llegar con tres candidat@s al final (lo que sin duda generará un cúmulo de inconformidades de los excluidos, que pueden ir desde la trampa hasta la cuestionable legalidad del proceso).
Así pues, que eso de que puede cualquier ciudadano entrarle es cierto. El boleto de entrada superará los cinco millones de pesos. ¿Quién lo compra? Porque ese es el boleto de entrada, como en los parques de diversiones, cada actividad relevante cuesta una cantidad adicional. En fin, que hay más complicaciones que por espacio ya no se pueden abordar. Pero un método sencillo, austero y democrático, no es.
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