Habrá que estar pendiente de las aulas del delito que son esos camiones repartidores con un simpático osito como distractor, pero en los que adentro se arman el sanguinario gansito asesino y sus compinches.
Si las cosas siguen como van en Oaxaca, muy pronto ser niño y comerse un gansito o un chocorrol será una actividad delictiva. En el mundo alienado de la cuatroté vivimos en una película que puede ser de ciencia ficción con zombis y cosas por el estilo, o una como las del Santo contra las mujeres vampiro; una especie de aquellas clásicas películas mexicanas en las que los acontecimientos trágicos provocaban carcajadas, por lo mal hecho de las escenas. Ese es el país en que nos ha puesto López Obrador: un lugar en el que todo es tragicómico, empezando por sus mañaneras.
Es muy posible que Bimbo sea considerado un cártel comandado por el “gansito asesino” y compuesto por el sicario “chocorrol”, y la banda de las donas se asocie con los violentos roles de canela. Toda una organización del crimen organizado dedicada a engordar a los niños, para endulzarles la muerte y amargarle el trabajo a Hugo López-Gatell, azote de los gordos y látigo justiciero, temido por los panaderos en serie.
Seguramente surgirán grupos de niños que trafiquen con las golosinas entre sus amiguitos de la calle o de la escuela. Las tienditas de las escuelas serán una especie de drugdealers, que tendrán una ventanita especial para vender la deseada mercancía de manera clandestina; los refrigeradores esconderán en un doble fondo las coca colas y los abarrotes de la esquina serán una suerte de escuela del crimen, en la que los niños aprenderán a traficar con pastelitos rellenos de mermelada y refrescos burbujeantes. Habrá que estar pendiente de las aulas del delito que son esos camiones repartidores con un simpático osito como distractor, pero en los que adentro se arman el sanguinario gansito asesino y sus compinches.
Todo esto en el estado que promueve los siete moles, la tlayuda, el chocolate, el chorizo, el gaznate –taco frito relleno de crema azucarada– y un sinfín de cosas deliciosas que son características de ese estado, pero que no tienen nada de dietéticas. Así que los niños oaxaqueños verán el mal en el azúcar empaquetada, pero se podrán embutir las fritangas y azúcares que quieran, siempre y cuando no sean distribuidas por algún maldito empresario de esos que llevan la muerte al patio de recreo; también podrán dejar de consumir refrescos y aficionarse a temprana edad a esa sana y refrescante bebida que es el mezcal y que seguramente ha llevado múltiples alegrías a los humildes hogares oaxaqueños.
Se entiende que el gobierno tiene la obligación de promover una alimentación sana por la salud de sus gobernados y para impedir la saturación del sistema de salud pública, por enfermedades que con cambios de hábitos pueden prevenirse. Pero que los gobernantes crean que se llega a un mundo ideal por medio del decreto o la ocurrencia es peligroso. La ley expedida en Oaxaca por legisladores en su mayoría de Morena –y apoyada desde el gobierno federal– más que de risa loca es altamente preocupante, pues no sólo refleja un voluntarismo desmedido, sino una ignorancia brutal del problema y una irresponsabilidad gigantesca con los niños de ese estado que ocupa un triste y destacado lugar por las condiciones de miseria y abandono en que viven la mayoría de sus habitantes.
Este texto no es una defensa de la comida chatarra, ni de la rapacidad de algunos empresarios del ramo alimenticio –que se defiendan con sus recursos económicos, políticos y legales–, sino una llamada de atención sobre el tipo de soluciones que encuentra el partido en el poder. El abuso no se remedia con imbecilidad. En esas estamos.
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