Los presidentes se retiraban, aguantaban un par de años algunos raspones y podían desenvolverse con normalidad sin necesidad de salir del país.
El presidente López Obrador ha puesto a girar la rueda de la fortuna para los expresidentes. El final de ese juego es incierto. De avanzar los deseos presidenciales seguramente veremos a expresidentes del país pasar por un juzgado a defenderse de tal o cual acusación. Habrá quienes lo tengan que hacer en persona y otros, por estar en el extranjero, seguramente lo harán vía declaración. Sin duda, será un espectáculo entretenido. Más aún en un país en el que la norma ha sido la impunidad de los poderosos. En términos mediáticos y políticos, el presidente acierta en su apuesta. En el ámbito de la legalidad y aplicación de la justicia, como en otras muchas cosas, es claro que está perdido, pero también es claro que no le interesa, que lo relevante para él es la pasarela.
Es cierto que son nuevos tiempos y la vida política no tiene por qué necesariamente mantenerse como era antes. Los presidentes se retiraban, aguantaban un par de años algunos raspones y podían desenvolverse con normalidad sin necesidad de salir del país. Ahora tenemos a tres expresidentes en el extranjero –cada uno por sus propias razones– y los dos que fueron del PAN están en México. Uno de ellos, Calderón, ha formado un partido político que está a la espera del registro, algo que es inusitado en términos de actividad de un expresidente, pero también es inusitado que un presidente en funciones se dedique a lanzar amenazas contra sus predecesores todas las semanas.
Hay países, como Perú, en el que cuatro de sus expresidentes están en problemas con la justicia y un quinto se suicidó. La trama Odebrecht cubre todo ese escándalo peruano. La empresa brasileña firmó contratos con los gobiernos peruanos desde 1979 hasta 2016. Alberto Fujimori (1990-2000) está preso por corrupción y delitos de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006) se fugó y se encuentra en Estados Unidos. Hay solicitud de extradición en su contra por recibir veinte millones de dólares en sobornos; Ollanta Humala (2011-2016) no puede salir del país por las acusaciones que hay contra él, pues se habla de sobornos por tres millones de dólares. Su esposa tampoco puede abandonar el país ya que también tiene acusaciones de corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, que renunció en 2018 a la presidencia, acusado de recibir cientos de miles de dólares en sobornos puede recibir 36 meses de prisión. El caso más dramático es el de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que para no ser arrestado se suicidó dejando una breve carta que estremece y de la que cito un par de párrafos:
“En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos.
Por eso les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, ante quien voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes”.
El presidente López Obrador abrió la puerta de las acciones contra los expresidentes. Habrá gustos y disgustos –creo que poca gente los defenderá abiertamente–, y seguramente será entretenido para la mayoría. El tema es que esa puerta la abrió AMLO pero, con toda seguridad, él no la cerrará.
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