Los legisladores de Morena optan por hacer solo lo que les conviene por su máximo representante, Andrés Manuel López Obrador
En la pasada administración, el ex presidente Enrique Peña Nieto presentó la opción de un proyecto de urbanización en una parte de los terrenos del Campo Militar 1F en Santa Fe. La explicación que se dio entonces fue porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya no lo requería y que, además, no contaba con la capacidad financiera para mantenerlo.
Explicación sin sustento porque prácticamente todo el espacio corresponde a áreas verdes que no requieren muchos recursos para su mantenimiento. Lo que sí había detrás era –como casi siempre– un proyecto inmobiliario de muy jugosas ganancias.
El gobierno de Miguel Ángel Mancera rechazó el proyecto por dos razones: la falta de agua y el colapso vial en Santa Fe. Razones suficientes dada la situación crítica del poniente de la Ciudad. Lo que llamó la atención fue que no mencionaban la importancia de esos terrenos desde el punto de vista ambiental, ya que, en el caso de una desincorporación de la Sedena, podría ampliarse la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
En aquel momento, legisladores de Morena se opusieron fuertemente a la sola mención de dicho desarrollo, con argumentos válidos. Ahora ya que el presidente López Obrador lo presenta como una necesidad para obtener recursos para la Guardia Nacional, guardan silencio.
Es increíble la incongruencia de la propuesta. Por un lado, la absurda explicación de que se trata de una necesidad para la construcción de las instalaciones de la nueva Guardia Nacional y, por otra parte, el impulso que ahora le da Morena a lo que calificó como el “cártel. Siempre he apoyado la propuesta de una Guardia Nacional; considero que es un programa indispensable para mejorar la terrible situación de inseguridad en el país. Pero una Guardia Nacional bajo el mando civil, no militar. La controversia constitucional ha quedado resuelta con claridad por la Suprema Corte (SCJN): la participación del Ejército en tareas de Seguridad Pública es inconstitucional; por lo tanto, la Guardia Nacional deberá estar bajo el mando civil y no militar.
No hay ninguna objeción constitucional para la incorporación de elementos tanto del Ejército como de la Marina, pero no podrán estar bajo un mando militar. Lo que resulta inconcebible es la propuesta de reforma para justificar la medida después de que la Suprema Corte la declaró inconstitucional.
Esta posición que resulta peligrosísima para la vida democrática del país, coincide con la propuesta de desincorporar los terrenos de la Sedena para un desarrollo de viviendas de muy alto valor económico, cuando van en contra del Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.
La propuesta carece de toda lógica porque la Guardia Nacional, en todo caso, podría utilizar parte de las instalaciones de la Sedena que se están dejando de usar. Por ejemplo, lo que corresponde a la fábrica de municiones y pólvora en ese mismo predio o bien, las instalaciones del Estado Mayor Presidencial que han sido eliminadas. La parte correspondiente a los gastos debería absorberse de lo que el personal de cada dependencia militar deja de percibir al pasar a la Guardia.
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