El desastre ambiental que traerá la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco nunca fue previsto o no quiso ser atendido de manera responsable por el actual gobierno, las consecuencias podrían ser lamentables.
Con motivo de la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto que inicia este jueves y termina el próximo domingo, quiero referirme una vez más a Texcoco, tal y como lo he hecho innumerables veces en este mismo espacio.
Estuve en contra de la decisión de ubicar el Nuevo Aeropuerto en la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) muchos años antes de la aprobación final del proyecto en 2014, en función de información técnica contundente y a la experiencia que tuve con inundaciones recurrentes de áreas densamente pobladas alrededor de esa área.
En ese tiempo debió darse un debate más a fondo. Con mi asociación realizamos foros e incluso acudimos al Congreso de la Unión; no tuvimos eco o respuesta ni de legisladores, partidos políticos, académicos, grupos ambientalistas y mucho menos del sector ambiental del gobierno federal o de los estados. Ese era el momento ideal para este debate, antes de que se iniciaran las fuertes inversiones que hoy están comprometidas.
Las razones que escribimos en ese momento se deben a que la ZFLT corresponde al último reducto del Lago de Texcoco y, desde 1971, estaba sujeta a un programa de rescate ecológico que se denominó Plan Lago de Texcoco. Este ambicioso plan fue aprobado por decreto presidencial, junto con la delimitación de la ZFLT, fundamentalmente por una política de salud pública, debido a que como consecuencia de la desecación del lago y de que en la misma zona confluyen los principales drenajes de aguas negras, en los primeros meses del año se formaban tolvaneras tóxicas hacia el centro de la ciudad.
Desde entonces, primero la Secretaría de Recursos Hidráulicos y luego la Conagua han sido los organismos responsables del desarrollo del programa y del cuidado de la ZFLT. El decreto presidencial, aunque hayan pasado 47 años, es vigente en función de sus objetivos originales y del desarrollo de sus programas. Aunque debido a las constantes crisis económicas no se haya tenido el apoyo suficiente en varias administraciones, no hubo nunca un nuevo decreto en sentido contrario. Por lo tanto, la obligación del gobierno federal, en lugar de eliminarlo, era mantenerlo y lograr los objetivos establecidos desde su aprobación. No haber respetado lo establecido por el decreto presidencial es inconstitucional. En todo caso, el proyecto debió haberse empezado con la emisión de un nuevo decreto.
Además, el proyecto del aeropuerto ubicado en la ZFLT es incompatible con la vocación ecológica y de regulación hidrológica de la zona, porque elimina para siempre la posibilidad de una recuperación ambiental benéfica para toda la Zona Metropolitana de la Ciudad y pone en riesgo de inundaciones a miles de familias de municipios aledaños.
El proyecto fue aprobado cuando la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni siquiera menciona al Plan Lago de Texcoco; tampoco analiza que con la nueva orientación de las pistas norte-sur desaparecería el aeropuerto militar de Santa Lucía y también el lago Nabor Carrillo como hábitat de aves migratorias. La MIA tampoco revisa los planes integrales de movilidad y de ordenamiento ecológico territorial; no menciona el cierre del AICM y los costos del desmantelamiento y remediación del sitio. Estas omisiones eran suficientes para desechar el proyecto del Nuevo Aeropuerto en la ZFLT.
A mi juicio, la ZFLT no es apta para un aeropuerto por cuatro razones elementales: 1) ahí confluyen gran parte de los drenajes de aguas negras de toda la zona metropolitana; 2) el suelo en ese sitio, sufre un fenómeno de subsidencia de los más graves en el mundo, se hunde entre 20 y 40 centímetros por año y esta altísima velocidad de hundimiento pone en riesgo de desbordamiento a todos los desagües superficiales como el Gran Canal, el Dren General del Valle, el Canal de la Compañía, los ríos Churubusco, Mixcoac, Piedad y Remedios, por mencionar algunos; 3) la ZFLT es una zona natural de inundación y por lo mismo reguladora de lluvias e indispensable para la seguridad de toda la metrópoli, y 4) el lago de Texcoco es la cuna y el origen de nuestra nación y es un deber moral recuperar, aunque sea en parte, este importantísimo espacio como zona lacustre.
Por todo lo anterior, el dilema de la consulta no es Texcoco o Santa Lucía, es que si se decide continuar con el proyecto en Texcoco ¿cómo se resolverán los gravísimos problemas ecológicos y de riesgo de inundación? ¿Está dispuesto el nuevo gobierno a asumir la responsabilidad y los altos costos que se requerirán para mitigar los impactos ambientales y los riesgos de inundación?
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