El derecho a la información en México, está en decadencia.
En el contexto de la reforma política promovida por Jesús Reyes Heroles en los ochenta, se agregó una frase que aunque sería un avance en materia del manejo de la información, generó duras y temores por la forma como actuaban los gobiernos del PRI. En un inicio, la afirmación de que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, se manejaba principalmente en el ámbito de los procesos político-electorales. Por eso fue unánimemente apoyada por los partidos políticos de entonces. Creían ver, de ese modo, una inmediata apertura de los medios electrónicos a sus posicionamientos, sus mensajes y propaganda política. No fue así, tuvo que realizarse una prolongada batalla para que, finalmente, en el contexto de la transición política se empezaran a abrir esos espacios.
Posteriormente el Derecho a la Información se direccionó hacia el comportamiento del Gobierno, es decir, de la Administración Pública. La idea de la transparencia gubernamental tomó fuerza, no sólo a nivel nacional sino internacional y con la alternancia en el poder, se consideró un paso importante para la democratización del país.
Es interesante señalar que, a diferencia de otros países, donde el sector privado era el principal usuario de los mecanismos de transparencia, en México, por la cerrazón política del sistema, los principales usuarios de este derecho han sido los medios de comunicación y gracias a él se han podido conocer muchos de los mecanismos que han servido a la corrupción y ésta ha aflorado con fuerza, no porque antes no existiera, sino porque no había sido posible penetrar y conocer la pus gubernamental.
Un paso más en este proceso ha sido la regulación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. Para ello, fue necesario profundizar en el significado del “Estado”, distinguiéndolo de Gobierno. En nuestro país, el concepto Estado se ha mantenido como un concepto equívoco desde la misma constitución, de tal suerte que en ocasiones se hace referencia a él como “sociedad políticamente organizada”, donde entramos todos, y en otros momentos se aplica al Gobierno, a la administración pública. Fue así como poco a poco se fue dando a los medios públicos una cierta autonomía a fin de asegurar la necesaria imparcialidad y transparencia a los medios de comunicación. Por una parte, se creó el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Pues bien, con las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se ha dado un grave retroceso en esta materia, pues se vuelve a entregar el sistema informativo público a la Secretaría de Gobierno, con lo que los avances de transformar este sistema en uno de Estado, ahora sería uno Gubernamental. Y la diferencia es muy importante, pues mientras el primero busca que la sociedad participe y garantiza cierta pluralidad, el segundo es oficialista y suele operar como instrumento de propaganda oficial.
Han sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), universidades y expertos, quienes han llamado la atención y solicitado públicamente se dé marcha atrás a una medida que es propia de sistemas autoritarios o totalitarios. Quienes han levantado la voz no son sospechosos de ser fifís. Por el contrario, podría sospecharse que algunos fueron simpatizantes del lopezobradorismo, pero se han unido ya a las “nefastas” voces de la sociedad civil, de la cual desconfía el presidente electo, para advertir y rechazar una de las acciones del futuro gobierno de Morena que van en una dirección contraria de lo que se había ofrecido y muchos, ingenuamente, esperaban.
Ahora resulta que cada día son más los frentes que se han abierto al nuevo gobierno cuando éste apenas hace anuncios a da primeros pasos desde el Congreso. Los habitantes de Santa Lucía –de pueblos originarios– ya han levantado la voz en contra del futuro nuevo aeropuerto; los pueblos mayas también se hacen oír en contra del Tren Maya, y, finalmente, las ONGs de izquierda, compañeras de viaje de Andrés Manuel López Obrador, tampoco están felices con la creación de la militarizada Guardia Civil con la cual se presume el país podría volver al orden y dar la puntilla a la delincuencia organizada.
En el nuevo escenario, quienes aparecen reivindicados y seguramente estarán felices, son los empresarios de la “mafia del poder” que a última hora han sido llamados a la mesa para ser asesores económicos del futuro gobierno y entre quienes aparecen, también, quienes acusados primero por ser parte de los “corruptos” constructores del Nuevo Aeropuerto, tendrán pase automático para Santa Lucía, si es que se llega a construir.
Esto parece telenovela. Esperemos el siguiente capítulo, si es que tenemos derecho a la información para conocerlo.
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