Parecía que ya lo habíamos visto todo, pero no. Lo que amenaza ocurrir en la Suprema Corte es un paso más en la agresión a las instituciones del Estado Mexicano. Primero fue la vergonzosa renuncia del ministro Arturo Saldívar a su cargo en la Suprema Corte, en una muestra clara de su vinculación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación y Claudia Sheinbaum. Pero ahora aparece la propuesta presidencial de quien busca que lo sustituya.
¿Conocería el ministro Zaldívar cuál era la intención respecto a de quien propone ocupe su lugar? Puede ser que no, pero lo que era evidente, es que con su jugada, daba pie a que Andrés Manuel López Obrador se lanzara con rapidez a nombrar a alguien que, como lo ha dicho reiteradamente, apoyara sus propuestas y sus políticas, empezando por aquello de que “no me salgan con que la ley es la ley”.
Durante todo su gobierno AMLO se empeñó en demostrar su menosprecio por la Suprema Corte, la Judicatura y los jueces. Cada vez que tuvo oportunidad de agredirla, lo hizo. El tono de su encono subió a raíz del cambio en la Presidencia de la Corte, ya que su amigo Zaldívar no se reeligió, como era su deseo. La llegada de la ministra Norma Piña agravó su tono, ya no solo contra la institución, sino a la persona de la ministra Presidente. También contribuyó a ello el rechazo de leyes aprobadas al vapor en el Congreso.
Una muestra más del poco aprecio que tiene por el Poder Judicial es la terna propuesta para designar al ministro que habrá de ocupar el puesto ahora vacante. Independientemente de los méritos y capacidades personales de las abogadas propuestas, queda claro que se trata de un intento de partidizar los criterios que se asuman en el máximo organismo jurídico del país. Se trata de una clara provocación para cancelar la independencia de la Corte, sometiéndola al yugo presidencial, borrando la separación de poderes.
Proponer a quienes tienen o han tenido vinculación política con su partido y su administración, es una confesión de parte del propósito controlador. Presenta a quienes han sabido de la disciplina partidista y política y que se saben beneficiarias de su vinculación con el Presidente, es una falta de pudor, por decirlo cortésmente. No hay disimulo. Y aunque las tres son abogadas y dos de ellas con altos estudios, su trayectoria no es precisamente la más indicada para que lleguen a ocupar una silla en la Corte.
De Bertha Alcalde Luján se conoce su vinculación partidista, lo cual le cerró la puerta para ser consejera del INE, por más que pretendió darse baños de pureza. Ahora se desempeña como Comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris, es hermana de la Secretaria de Gobernación y su mamá fue presidenta del Consejo de Morena. Hay que reconocer, sin embargo, su participación en la reforma del sistema de justicia penal, tema en que se especializó.
En cuando a María Estela Ríos González, recordemos que llegó a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la salida de Julio Scherer, mismo cargo que ocupó en el Gobierno de la Ciudad de México con AMLO al frente del mismo, directora del Registro Civil y Procuradora de la Defensa del Trabajo en el DF. Es doctora en derecho y fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Quizá es la más preparada, pero no por ello distante al Presidente.
Y qué decir de Lenia Batres Guadarrama, de larga trayectoria en la izquierda desde el PSUM, el Partido Revolución Socialista y en el PRD. También formó parte de la Comisión de Mujeres del a UGOCM-Roja, y con su hermano Martí Batres compartió la agitación en la UNAM en el CEU. Formó parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Por supuesto que tienen derecho a sus ideas y sus militancias, pero de ahí a que puedan ser elevadas a la Suprema Corte de Justicia, es otra cosa. Su trayectoria no garantiza su independencia e imparcialidad, notas características que debe tener un Ministro de la Suprema Corte.
La oposición ya ha dicho que se opondrá a la terna, lo cual obligaría al Presidente a proponer una nueva, que si va en la misma dirección, seguramente también sería rechazada. Entonces, el Presidente podría nombrar a quien quiera. Pobre Corte, pobre México.
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