Desde la expropiación del petróleo por parte del presidente Lázaro Cárdenas, el Gobierno de México ha tenido en Pemex una relación ambigua, pues ha habido épocas que gracias a la empresa el país se ha beneficiado y otras, las más, en las que lejos de ser un gran apoyo, se ha convertido en un lastre.
Una gran época fue durante el auge petrolero de finales de los setentas, que generó una ilusión de prosperidad al país, al grado que el presidente José López Portillo nos invitó a prepararnos para administrar “la abundancia”. México se benefició con el descubrimiento de nuevos yacimientos y con el incremento del precio del combustible, fue posible perforar pozos profundos, principalmente en el mar, que anteriormente no eran rentables por su costo. Sin embargo, fue necesario endeudarse para financiar esos trabajos, pero los beneficios fueron altos, al menos por un tiempo.
Pemex fue una fuente importante de financiamiento gubernamental, pues se extraían de la empresa recursos necesarios para financiar el gasto público, pero eso afectó a la operación de la petrolera que a pesar de haber podido liberarse de deuda y no recurrir a ella en los montos en que lo ha hecho, fue dejada a su suerte hasta que, finalmente, ya era imposible seguir chupando más recursos, al mismo tiempo que gracias al Tratado de Libre Comercio, las exportaciones mexicanas cambiaron el escenario, al mismo tiempo que ha habido altas y bajas en los precios del petróleo que han ayudado un poco a la empresa.
Sin embargo, la gallina de los huevos negros ha dejado de ser tan fértil y la extracción del crudo ha disminuido y el déficit de Pemex ha crecido y con él su endeudamiento. A marzo de este año Pemex tenía una deuda de 107 mil 400 millones y su calificación ha venido descendiendo al grado de que está en riesgo de no ser candidata a recibir financiamiento a obtenerlo muy caro. Para salvar la situación, ha trascendido que el Gobierno acaba de apoyar a la petrolera con 70 mil millones de pesos, con lo que se ponen en riesgo las finanzas públicas que según los expertos están en riesgo por la forma como ha operado la actual administración mediante políticas sociales basadas en la transferencia de recursos.
Ciertamente el fenómeno no es nuevo, ni culpa de la 4T, pero en el pasado reciente se ha intentado modificar la política petrolera dando participación al sector privado en la exploración y explotación, con vinculación gubernamental a fin de no dejar de sostener el criterio de que el petróleo es nuestro.
Cabe señalar, también, que la refinación, con plantas obsoletas y con costos elevados por las políticas laborales que se adoptaron para quedar bien con el Sindicato Petrolero, han llevado en no pocas ocasiones a que la gasolina importada sea más barata que la que se produce en el país. Sin embargo, lejos de revisar a fondo este fenómeno, ahora sí, el presidente López Obrador se empeñó en construir una nueva refinería en Dos Bocas, cuando el mundo empieza a migrar hacia otros combustibles no fósiles, inclusive para los automóviles.
Como suele ocurrirnos, cuando algunos países vienen de regreso de políticas que han dejado de ser funcionales o resultaron inadecuadas, nosotros apenas vamos y no aprendemos de los otros.
Para colmo, aunque seamos exportadores de petróleo, con el “superpeso” los recursos que se reciben bajan de valor en lo interno, se eleva el costo del producto y se pone en riesgo el futuro de las exportaciones, aunque las importaciones son más baratas.
Se requiere una visión clara y de largo plazo para tomar decisiones que vayan más allá de la coyuntura y permitan que Pemex deje de ser un dolor de cabeza para la Administración Pública y para el país.
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