El presidente se ha referido en numerosas ocasiones en contra del TEPJF como del INE, pues los quiere a modo y a su servicio.
Quizá a muchos les parezca que el proceso electoral que vivimos recientemente ya ha concluido, pero no es así. Como es bien sabido, existen impugnaciones por parte de los diversos partidos políticos que son presentadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste es la última instancia para definir la validez de una elección y otorgar el reconocimiento a quien haya obtenido el triunfo.
A estas alturas ya se han dado a conocer algunos casos de anulación de los procesos, que se tendrán que repetir o el cambio respecto de quién ha sido el triunfador en la contienda. Es claro que la decisión de los jueces siempre encontrará inconformidad entre quienes pretendieron impugnar un triunfo y no se les otorgó la razón, o entre quienes pensando que habían ganado son declarados perdedores o se anula la elección.
Ser juez no es cosa fácil. Los magistrados requieren contar con pruebas sólidas para emitir una sentencia, por lo que más allá de la certeza moral que en un caso se pudiera tener respecto de los actos fraudulentos en la elección, los delitos electorales cometidos u otras irregularidades, si no se cuenta con las pruebas fehacientes, muy probablemente no se otorgue la razón a quien objeta un triunfo.
Bien sabemos que en los pasados comicios se presentaron irregularidades en los procesos electorales donde el crimen organizado ha sentado sus reales. Existieron casillas donde se amedrentó a los votantes y se les obligó, violado el secreto del voto, a sufragar a favor de algún candidato. Y, sin embargo, es difícil probarlo.
Frente a esta situación donde los juzgadores requerirán de todos los elementos para emitir un juicio, han surgido en los últimos tiempos signos alarmantes desde la Presidencia y de los legisladores del partido Morena, ya que con tono amenazante se ha hablado de remover a todos los magistrados y de reformar la legislación que norma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto constituye, de entrada, una presión evidente a los jueces para que, en los casos pendientes de resolución, no se afecte al grupo en el poder.
Esto constituye a todas luces una intromisión indebida tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, ya que es, como se ha señalado ya respecto de otros casos, el intento de controlar los tres poderes de la federación al servicio de quien hoy está a cargo del poder público.
Se trata de acciones de expriistas que pretenden revertir la reforma electoral que le quitó el control de los poderes a un solo partido, y manipulaba el proceso electoral en su beneficio. Se trataría de un grave retroceso después de todo lo que costó iniciar el tránsito por el camino de la democracia y que ha permitido la alternancia en el poder entre distintos partidos, incluso el que ahora se dice afectado por los organismos autónomos que controlan las elecciones.
El presidente se ha referido en numerosas ocasiones en contra del TEPJF como del INE, pues los quiere a modo y a su servicio. Esto es algo a lo que debemos oponernos los ciudadanos y los partidos políticos que tienen en sus manos la posibilidad de detener los intentos de control y sometimiento tanto del Poder Judicial en materia electoral, como del Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo que ha venido organizando y calificando las elecciones en primera instancia.
El manifiesto enojo del nuevo grupo en el poder en contra de estos organismos electorales, refleja que, independientemente de que puedan ser perfeccionados, han venido cumpliendo con el papel que se les ha asignado en la vida política del país. Necesitamos jueces independientes, prudentes y justos, que puedan cumplir su tarea sin presiones ni amenazas por parte de nadie, y menos de quienes hoy están al frente del Estado.
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