El presidente no admite disidentes no sólo entre sus colaboradores, pero mucho le ayudaría dejarse asesorar por quienes sí entienden de economía, pues él ha demostrado que no la entiende.
Conforme avanza la crisis del COVID-19, la posición del presidente Andrés López Obrador se evidencia más clara. No sólo trató de ignorar la inminencia de la pandemia y, por tanto, tomar las medidas pertinentes ante el problema que se veía venir. Lo ocurrido en otros países permitía aprender la lección en cabeza ajena, pero no se hizo así. Se dieron largas al asunto, y aunque el doctor López Gatell, subsecretario de Salud y en la práctica titular de esa dependencia por ausencia del secretario, fue insistiendo en la importancia de actuar, él mismo tuvo que ceder en una mañanera para declarar inmune al presidente. Se mostró así el estilo autocrático con que opera la actual Administración.
Es claro que en nuestro sistema presidencial, toda la autoridad en la Administración Pública Federal se concentra en el presidente de la República. Para su ejercicio, el presidente nombra unilateralmente su equipo de trabajo. En la primera línea se encuentran los secretarios de estado como encargados de las dependencias. Por más expertos que sean, ellos están obligados a acatar las órdenes de su jefe, pues no tienen autoridad por sí mismos, pues no tienen el carácter de ministros, como en los sistemas parlamentarios. Así pues, los funcionarios tienen derecho a opinar y proponer, pero el presidente se reserva el derecho de decidir, aún en contra de lo que su equipo diga o proponga. A los funcionarios sólo les quedan tres opciones: obedecer, someterse o renunciar, así de claro.
Consciente de esa situación, el estilo personal de gobernar de López Obrador no escucha a sus secretarios y quizá tampoco a sus asesores que conocen los temas que aborda. Tal parece que existe un equipo cercano, ideológicamente radical, que es quien susurra al oído presidencia y lo impulsa cada vez más a la izquierda. Pero no sólo quiere que sus secretarios, es decir, sus empleados, acaten y obedezcan sus posiciones, sino que pretende que toda la sociedad se subordine a sus dictados. No admite disidentes. Por eso buscó someter a los órganos autónomos para que no hicieran ruido.
El presidente se ha mostrado reacio a apoyar a las empresas. Sólo tiene ojos para sus programas sociales, que constituyen en apoyos económicos para los más pobres, generalmente improductivos, y después de muchas presiones aceptó dar algunos apoyos para las microempresas, pero de ninguna manera a los “ricos”, porque en su concepción obsoleta de las empresas –pues nunca ha trabajado en una– ha ignorado los procesos de apoyo a las mismas para salvarlas y mantener las fuentes de empleo. Ha anunciado castigo a los burócratas, pero pretende obligar a los empresarios a mantener los empleos independientemente de la situación en que se encuentren. Para él, salvar una empresa es favorecer a los fifís, sin importarle los trabajadores y la producción de las mismas.
Desde luego, el presidente ignoró todas las propuestas del sector empresarial para unificar esfuerzos para atender la crisis laboral resultante de la pandemia en que estamos inmersos. Hasta la Iglesia le ha pedido que los recursos destinados a los proyectos de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que en estos momentos no son indispensables, se orienten a la preservación del aparato productivo, hoy en parálisis. Pero, como dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en Palacio Nacional hay oídos sordos.
Ante esta cerrazón y negación de ayuda, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios ideó una fórmula de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, se acercó al BID Invest y acordó con éste recursos por 290 millones de pesos para un programa de factoraje inverso que permitirá a las empresas capitalizarse a partir de los pagos pendientes de sus clientes por operaciones realizadas pero que están en revisión. Como quien dice, se trata de un apoyo revolvente, donde no interviene para nada el gobierno, ni sus recursos.
De inmediato el presidente rechazó el proyecto que había sido bien viso por las secretarías de Economía y Hacienda, pensando que eso significaba echar mano de recursos públicos, a lo que se opone tajantemente. Pero por más que se le aclaró la clase de operación, no entiende que no entiende y para salir del aprieto, simple y sencillamente dijo que este tipo de operaciones son corruptas, y volvió a rechazarlas en su ánimo, pues no tiene capacidad de impedirlas, porque no son suyas, sino de un organismo internacional.
Del mismo modo pretendió oponerse al acuerdo de la Junta de Gobierno del Banco de México que para dar liquidez al mercado y, también apoyar a las empresas a través de la banca comercial. Pero como no entiende las funciones de Banxico, también se opuso, antes de preguntar.
Queda claro que el presidente no ha terminado de entender la economía. Recordemos que como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reprobó economía, en dos semestres consecutivos, matemáticas y estadística, y eso no es lo suyo. Sería conveniente que se dejara asesorar, pues con su actitud está generando fricciones innecesarias, divisiones y juicios injustos y precipitados. Mucho ayuda el que no estorba, como dice el dicho.
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