Tras grandes debates, se llegó a la creación de la Guardia Nacional, figura perdida e inútil anteriormente en el texto constitucional.
Durante muchos años, la izquierda criticó al Gobierno de México por el uso que dio a las fuerzas armadas del país en los asuntos internos de la Nación. Hoy que se debate si la Guardia Nacional debe pasar a depender del Ejército, es pertinente recordar que la creación de la misma en 2019 respondía a un compromiso del presidente de “sacar el Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles”. Con la creación de la Guardia Nacional se iniciaría este proceso. Sin embargo, eso no ha ocurrido, se le ha llevado a realizar nuevas funciones del ámbito civil, y con la reforma a la Ley se pretende que la Guardia dependa, definitivamente, del ámbito militar.
Hay que recordar que terminada la Revolución Mexicana, el ejército tuvo un papel protagónico, tanto en el papel político que representaron algunos de los generales, como en el combate a las rebeliones militares después de promulgada la Constitución de 1917, el combate a las fuerzas cristeras y su presencia como uno de los sectores del Partido de la Revolución Mexicana. Fue hasta el nacimiento del PRI cuando oficialmente los militares no formaron parte del partido oficial, aunque al crearse el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se les asignó un lugar en la política a militares retirados y actores en la Revolución.
Sin embargo, es bien sabido que las fuerzas armadas mexicanas siempre han estado en las calles. Muchas veces lo han hecho para bien: el Plan DNIII que sirve de auxilio a la población en casos de desastres y que gracias a su capacidad logística logra en breve tiempo atender esas emergencias con eficacia (aunque lamentablemente hubo una grave omisión en el temblor de septiembre de 1985, donde hubo intervención tardía y lejos de apoyar la acción espontánea que realizaban los civiles, los marginó y estorbó en muchos casos); también desde antaño participó en el combate al narcotráfico y la destrucción de plantíos (recuerdo un corto metraje de Demetrio Bilbatúa titulado “Las Flores del Mal”, en el cual se veía al Ejército destruyendo campos sembrados de Marihuana, o el papel protagónico en la “Operación Cóndor” e José López Portillo). Por ello no fue nada extraño que Felipe Calderón recurriera a esa fuerza para acudir en auxilio de Lázaro Cárdenas Batel cuando pidió apoyo para combatir al crimen organizado en Michoacán.
En cuanto al lado negativo, se recuerda al ejército utilizado desde el poder para apoyar los fraudes electorales en los lugares críticos donde el domino del PRI estaba en riesgo e, incluso, las acciones represivas en Baja California, León y San Luis Potosí frente a inconformidades sociales. También se le asocia en la “guerra sucia” en diferentes momentos. Fueron famosas las fotografías de la entrada de los paracaidistas a Morelia a bayoneta calada; su participación en torno al Movimiento Estudiantil de 1968 y el combate a la guerrilla. Se ha tejido toda una historia negra respecto de lo ocurrido en el Campo Militar No. 1 y la desaparición de personas. No dejan de existir casos de corrupción dentro del Ejército o de sus miembros. Existen señalamientos de que fuerzas militares custodiaron sembradíos de droga en Chihuahua y otros lugares.
También hay que señalar y reconocer que la sociedad debe mucho al Ejército en materia de seguridad pública y que muchos de sus integrantes han muerto heroicamente en enfrentamiento a un crimen organizado creciente y cada vez con mayor poder.
Hay, pues, luces y sombras en la historia y desempeño del Ejército. Sin embargo, unas y otras se han debido a las instrucciones que sobre su actuar realiza su “jefe nato”, el Presidente de la República, que es un civil, pero que no comanda de ordinario las operaciones de las fuerzas armadas.
Algunos de los abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de militares se han atribuido a las características propias del quehacer del Ejército como una fuerza de combate, muy distinto a la acción policial. Por ello, tras grandes debates, se llegó a la creación de la Guardia Nacional, figura perdida e inútil anteriormente en el texto constitucional.
Con la reforma a la Constitución en Julio de 2019, se dio forma a la Guardia Nacional como “un organismo policial” de carácter civil. Sin embargo, en el entendido de que no existían elementos para su constitución, se integró con elementos de la Policía Federal, Policías Militares y Policías Navales. Al mismo tiempo, en los artículos transitorios de aquella reforma, se concedió un plazo de gracia para que en tanto que ese cuerpo desarrollaba su estructura y adquiría una “doctrina policial”, durante un plazo específico, el presidente pudiera disponer de la Fuerza Armada permanente, en materia de seguridad pública.
Ahora extrañamente, el presidente da marcha atrás a su reforma y sin cambiar la Constitución, mediante un cambio en la Ley pretende llevar a la Guardia Nacional, sustrayéndola de la Secretaría de Seguridad Pública, a donde está asignada constitucionalmente, para que quede, ya, como bajo el control total del Ejército. Eso, no cabe duda, sería una militarización de la misma dentro de un proceso de ampliación del poder armado en la vida del país. Eso, no cabe duda, conlleva riesgos en ese juego de luces y sombras a los que he hecho referencia.
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