La Ciencia del Derecho es una de las más altas en tanto que está orientada hacia la justicia. Lograr que exista una voluntad generalizada, constante y permanente de dar a cada quien lo suyo, como reza la definición tradicional de justicia, no es fácil. Y no me refiero ni a las autoridades ni a los abogados, sino a la actuación particular de cada uno. La justicia es una virtud, no una técnica o un catálogo de normas. Las leyes son elementos auxiliares para realizar algunos aspectos de la justicia, pero no son la justicia en sí. Ayudan a deslindar conductas, establecer obligaciones, definir castigos contra los transgresores de las mismas, etc. Pero justicia hay, si cada uno de nosotros somos justos.
La experiencia cotidiana nos enseña que porque no somos justos en nuestras relaciones o incumplimos obligaciones y rompemos normas, surge la necesidad de que se busque hacer justicia y para ello existen los tribunales de diverso tipo. Y en un Estado de Derecho, existe una Constitución que establece las bases de la convivencia pública, las relaciones entre el Gobierno y los particulares, y las relaciones de los particulares entre sí. De la Constitución se derivan leyes y reglamentos y deben cumplirse. Hay un principio que dice que la ignorancia de la Ley no exime de cumplirla, de ahí que en ocasiones se cometen faltas por ignorancia y se busca aplicar la sanción correspondiente.
El ámbito donde se dirimen las distintas controversias en torno al cumplimiento de la ley, en busca de justicia, son los tribunales de diverso tipo, locales y federales en una organización compleja que va de abajo hacia arriba y que culmina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mayoría de los mexicanos –me incluyo- somos ignorantes de las leyes y de los procedimientos para hacer justicia, de ahí que sea necesaria la existencia de abogados expertos en la materia que intervengan ante un juez cuando por algún motivo alguien se encuentra en medio de un conflicto legal. En estos casos hay una acusación y una defensa. Se puede estar de cualquiera de los dos lados y cada parte puede considerar que le asiste la razón, normalmente sin todos los conocimientos y fundamentos para ello. A los abogados les corresponde argumentar por una y otra causa, pero los jueces, especializados en la materia, con independencia, con prudencia y autonomía, son quienes tienen la facultad de decidir, finalmente, quién tiene la razón jurídica, que puede ser que no necesariamente sea la razón ética o moral. Los jueces determinan la razón legal, o lo que consideran que así es. Y como también los jueces pueden equivocarse en la interpretación de la ley, existe diversas instancias ante las cuales se puede ir apelando la decisión, hasta que la última, quizá la Suprema Corte, da el fallo definitivo y se convierte, así, en la verdad jurídica. También los Ministros de la Corte pueden equivocarse, y no necesariamente de mala fe, sino por la forma en que interpretan la Constitución y la Ley.
Este complicado mundo del derecho es lo que se está discutiendo en estos momentos en torno a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Obviamente para opinar con autoridad moral no basta ser presidente, secretario de estado, diputado o senador. Se necesita ser experto en Derecho, conocer de leyes, saber cómo se aplican y se juzga respecto de ello. El Sistema Judicial lleva muchos años de desarrollo y en varias ocasiones ha sido reformado buscando, se piensa, mejorarlo siempre. Se trata de mejoras técnicas, operativas y de eficiencia y eficacia. Pero por encima de todo ello, de que quienes juzgan –supuestamente de forma expedita- actúen rectamente, es decir de forma ética, sin favoritismos para ninguna de las partes, ya sea por presiones de cualquier tipo, influencias, simpatía o por corrupción, lo cual es posible. La ley es dura, pero es la ley (aunque hay quien dice que no le vengan con eso). Ser juez no es nada fácil y es riesgoso cuando las partes quieren imponer su voluntad a cualquier precio.
De los millones de mexicanos que somos. ¿Cuántos hemos estado involucrados en un juicio? ¿Qué sabemos respecto de procedimientos judiciales? Realmente muy poco. Sabemos, porque así se informa, que la justicia es lenta, empezando por el inicio del proceso, que cuando interviene el ministerio público o las policías es mal armado, mal integrado, que ahí se fabrican los culpables y luego tardan mucho los juicios y hay inocentes encarcelados. ¿Cuáles son las causas? Muchas que no puedo desarrollar ahora, pero quizá una de ellas sea el número de casos y la cantidad de jueces, las “chicanadas” de los abogados, etc.
¿Tendremos los mexicanos la capacidad acusatoria para definir si todos los Ministros de la Corte son corruptos? Se hizo una encuesta para justificar la reforma judicial, y entre 15% y20% de los encuestados respondieron afirmativamente. La pregunta es ¿les consta? Entre el 38% y 44% de los encuestados dijeron que la mayoría son corruptos. ¿Con qué elementos lo afirman?
Se aplicaron 3 mil 855 encuestas por tres instancias y de ahí se ha desprendido que con base a ello entre el 77 y 83 por ciento de los encuestados afirmaron que hay que hacer una reforma judicial, y, además entre el 68 y 75 por ciento apoyan la idea de que la designación de los juzgadores se haga por elección popular. Si no sabemos de derecho, menos conoceremos trayectorias, capacidades, preparación, probidad, etc., de los treinta que propondrían los tres poderes para ser sometidos a votación. Propuesta al modo y gusto de los proponentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pedirle al pueblo que elija a los mejores de ellos, es una burla y una ofensa, es trasladar una responsabilidad a quien no tiene ni la información ni la capacidad, aunque tenga muchos conocimientos de otras materias, para definir al respecto. También es una forma de eludir una responsabilidad para luego culpar al pueblo de su elección. Simplemente, es puro populismo.
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