Quienes pensaron que la reforma judicial se deslizaría sobre ruedas después de que el Congreso aprobó la reforma constitucional, ya sabrán que siempre sí hay piedritas en el camino que aunque no detengan la marcha de la aplanadora que avanza para aplastar al Poder Judicial, cuando menos el resultado que sea quedará manchada por la duda de su legalidad.
Por el momento, el Comité de Evaluación de los candidatos del Poder Judicial, en acatamiento de un amparo que le acaba de ser notificado, suspendió la evaluación de quienes están inscritos en sus listas. Por su parte, los respectivos comité del Poder Legislativo y del Ejecutivo anunciaron que ellos no acatarán la disposición judicial que les conmina a dicha suspensión.
Gerardo Fernández Noroña, el mismo que durante el Gobierno de Vicente Fox entrara a caballo en la Cámara de Diputados y que durante años se burlara del orden legal, ahora se ha convertido en acérrimo defensor de las disposiciones jurídicas creadas por la 4T, como si se tratara de la verdad revelada y menos precia las decisiones de quienes por su función tienen la facultad de interpretar la ley, es decir los jueces y hasta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora él se erige como el gran jurista y anuncia que el Poder Legislativo dictaminará sobre las listas que no se procesaran por el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
Por su parte, Claudia Sheinbaum también descartó la opción de suspender el procedimiento, amparándose en una decisión anterior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por lo pronto no es aplicable el caso. Pero con ello también justifica que el Comité del Ejecutivo siga adelante con la tarea.
Noroña dice que calificarán a los candidatos de la lista del Poder Judicial, porque sería injusto que quienes están en ella no tengan la oportunidad de participar en el proceso, y la pregunta es si ellos examinarían a los candidatos de acuerdo a como determinó hacerlo el Poder Judicial, o con la arbitrariedad con que están actuando los de la 4T y que han sido exhibidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De manera casi simultánea a la “heroica” disposición de Fernández Noroña de salvar a quienes no serían calificados, el Tribunal Electoral ordenó al Ejecutivo y al Legislativo, la inclusión de 18 aspirantes que habían sido descalificados indebidamente para participar en el proceso, y la Suprema Corte transfirió al Tribunal Electoral, más de 450 impugnaciones de quienes también sienten afectados sus derechos.
A pesar de los golpes de pecho de Noroña, va quedando claro que, como era de prever, en el proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros se les está haciendo bolas el engrudo.
Hay que anotar, además, las consecuencias de la reducción del Presupuesto del INE que obligará a reducir en casi 50 por ciento el número de casillas electorales y a disminuir la calidad infalsificable de las boletas electorales. Ya desde ahora, por cuestiones prácticas, se aprecia que el número de electores en este proceso será muy reducido y no todo el pueblo tendrá oportunidad de participar en un ejercicio que se califica como “la mejor democracia del mundo”.
Así como ha ocurrido en lo económico, donde la falta de planeación de inversiones y programas de la Cuarta Transformación, navegan en general en el despilfarro, el exceso de gasto y la ineficiencia, el proceso electoral de jueces y magistrados “único en el mundo” (excepto el de Bolivia que también es un fracaso), la elección para integrar un nuevo poder judicial, al gusto y capricho de López Obrador y la sumisión de sus lacayos, auguran un rotundo y doloroso fracaso. Lo que derive de ello seguramente será una dura lección.
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