La SCJN ha perdido autoridad moral, aunque cuente con la autoridad legal que permite que los ministros tomen decisiones.
Rompiendo con la tradición jurídica mexicana, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adictos al espíritu de la Cuarta Transformación, han cambiado la interpretación de la Constitución en materia de la vida humana.
Soy ya varias las sentencias de la Corte que, con tal de alinearse a las peticiones de las feministas radicales, aprueban medidas jurídicas o administrativas, como las NOMs, que legitiman el aborto o, incluso, niegan el derecho a la vida del recién concebido. De acuerdo con las últimas sentencias, se tendrían que modificar los códigos penales de los estados que califican al aborto como un delito, o que lo restringen bajo ciertas condiciones.
Se trata de negar el respeto de los derechos humanos de los niños recién concebidos durante un lapso determinado -que en Estados Unidos, por ejemplo, llega hasta el momento del parto en algún estado-, pues se le niega su calidad de humano y los derechos intrínsecos e inalienables de la persona. Y, paradójicamente, al mismo tiempo se promueven en el país los “derechos de los animales”, que desde luego no son personas, a los cuales se les protege desde que son embriones, se castiga su abandono o maltrato y se prohíben las corridas de toros.
Los ministros han desoído argumentos y reclamos como los que cerca de 40 mil personas manifestaron en la tradicional y pacífica marcha de “Pasos por la Vida” que se ha venido realizando anualmente durante los últimos diez años.
Si la dignidad de la persona humana es desconocida o ignorada por quienes son los responsables de impartir justicia, ¿cuál será el fundamento de las leyes? ¿La variable opinión de los legisladores o los jueces, según su gusto, opinión o moda? La Corte ha quitado el basamento del orden jurídico al negar a un grupo de personas -discriminándolas- el derecho a la vida, rompiendo con la cacareada equidad e igualdad entre todos los mexicanos, al inclinar arbitrariamente la balanza de la justicia a otro grupo de personas que no aceptan continuar con un proceso de embarazo.
Y si bien existen atenuantes respecto del tipo de sanciones que se tienen que aplicar por lo que aún hoy es un delito, en razón de los sujetos y circunstancias en que éste ocurre, no se pueden adoptar o aplicar acciones que privan de la vida a un sujeto en proceso de desarrollo, que por estar en la fase de mayor vulnerabilidad y debilidad no puede defenderse. ¿Dónde queda el derecho prioritario del menor? ¿Dónde queda la declaración de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que, en armonía con documentos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral y que no pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia? ¿También esta Ley se va a declarar inconstitucional?
No se necesita ser Doctor en Derecho ni usar una fraseología técnica inentendible, para comprender que lo que una madre lleva en su seno cuando se embaraza, es un ser humano distinto a la madre y al padre que lo engendraron y respecto del cual, quiérase o no, tienen una responsabilidad de protección.
Y no se vale invocar los casos los casos de violación o de abuso en menores para justificar el asesinato del nuevo ser. Resulta, sí, lamentable, que esos casos ocurran y debemos ser solidarios con las mujeres ofendidas y darles todo el apoyo y protección para que su embarazo no sea una carga en la medida de lo posible en un proceso natural de la reproducción humana. La mujer que con ese motivo aborta, incurre en una doble violencia: el motivo del embarazo y la violación de su cuerpo para asesinar a su hijo. La muerte del pequeño no restablece la justicia ni las heridas causadas por la agresión, pero sí las agravan.
Lamentablemente hemos perdido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como defensora de la vida y de la dignidad humana. Ha perdido autoridad moral, aunque cuente con la autoridad legal que permite que los ministros tomen estas decisiones. Se han perdido los cimientos del Estado de Derecho.
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