Al desconocerse los derechos de la nueva vida, en una sociedad que clama contra la discriminación, nos encontramos con el mayor acto de discriminación, que supera a la marginación o la esclavitud.
A reserva de conocer los términos en que, finalmente, la Suprema Corte justificará la decisión de despenalizar el aborto en el Código Penal de Coahuila, con efectos para todo el país, dizque interpretando la Constitución, lo cierto es que diez, de once ministros, han aprobado un crimen: el aborto.
Las palabras son fuertes, pero eso en la sociedad líquida de nuestro se busca suavizarlas, con la pretensión de ocultar la realidad o de construir una nueva. Quienes hablan de interrupción del embarazo, utilizan una acepción de la palabra para referirse a una suspensión definitiva del desarrollo de una vida humana, no de un hecho temporal. Se trata de cortar, de acabar, con una vida humana.
A estas alturas del desarrollo científico, nadie puede o debe dudar que cuando se unen un óvulo y un espermatozoide se produce una vida que inicia un proceso continuo de desarrollo a partir de una herencia genética que procede, por mitades, del padre y la madre. Por ello es un ser nuevo, diferenciado de la madre, aunque temporalmente se encuentre en su seno, como consecuencia de una relación sexual, consentida o forzada. Pero, como quiera que sea, el nuevo ser es autónomo en su desarrollo, aunque por el momento requiera del ambiente natural del seno materno para su maduración y posterior nacimiento.
Al compartir la naturaleza humana, el nuevo sujeto adquiere los derechos que le son inherentes y que no son otorgados, como lo reconocen las declaraciones y pactos de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido reconocidos por nuestra Constitución como aplicables en el derecho mexicano. Por tanto, el nasciturus, como se denomina al humano en desarrollo no nacido, debe ser protegido como cualquier humano respecto de cualquier agresión, ya que tiene derecho a la vida.
En lo que se conoce de los planteamientos de los ministros de la Corte, resulta paradójico que uno de los argumentos para autorizar el aborto, independientemente del motivo y del tiempo de la gestación, sea la invocación de los derechos humanos de la mujer y su autodeterminación para realizar su proyecto de vida, mostrando una versión limitada, individualista, de lo que es un ser humano, olvidando que los seres humanos vivimos en relación y, no cabe duda, la primera relación que se produce entre los seres humanos es la de madre e hijo.
De dicho debate se puede observar que existen sofismas y falacias que, incluso, contradicen criterios previos de la Suprema Corte, aunque reconocido y afirmado el derecho a la vida como protegido por la Constitución, no se desprenden de lo mismo las consecuencias en el tema de la protección de la vida desde la concepción, como quedó visto.
Despenalizar el aborto se convierte, para efectos prácticos, en su autorización sin límites, cuando anteriormente se admitían ciertos atenuantes para no aplicar sanciones en razón de las condiciones de la mujer que recurría a esa práctica. Pero, como se sabe bien, una cosa es no penalizar el aborto en las primeras doce semanas, que desaparecer la figura delictiva, que ha permanecido hasta ahora en México y en muchos países que han incluido un plazo -sin explicación sólida ni justificación- para permitir el aborto.
Lo que resulta inaceptable, es convertir el aborto en un derecho de las mujeres. E independientemente del nombre que se dé a la nueva criatura, esta debe hozar de los derechos preferenciales de protección al niño, dada su condición de vulnerabilidad y debilidad que le impiden defenderse solo, más aún cuando la agresora es la gestante.
Por otra parte, al desconocerse los derechos de la nueva vida, en una sociedad que clama contra la discriminación, nos encontramos con el mayor acto de discriminación, que supera a la marginación o la esclavitud. Se contravienen, por tanto, las disposiciones constitucionales que explícitamente la prohíben y que, desde luego, se aplica a todo ser humano independientemente de la edad y condición en que se encuentre.
Verdaderamente resulta lamentable que quienes se precian de ser juristas y ocupan los máximos cargos de la judicatura, cometan la máxima injusticia al negar el derecho a la vida a un inocente, a quien contraviniendo la Constitución, se le condena a la pena de muerte sin juicio ni defensa posible, en una ejecución alevosa, premeditada y ventaja, en la cual todos los que conspiran son inocentes.
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