Los informadores tienen el deber de difundir informaciones relevantes de quienes por su cargo o función deben ser conocidas por la sociedad.
Entre los muchos temas que han surgido en torno a las elecciones en Estados Unidos, uno de gran interés fue el de la actitud de las televisoras que interrumpieron la emisión de una conferencia de prensa del presidente Trump, por considerar que estaba diciendo mentiras. Para unos, tal actitud fue calificada como censura, y para otros como un ejercicio de ética. El tema da para mucho.
Por una parte, se puede decir que las televisoras hicieron, simplemente, ejercicio de su libertad, pues teóricamente nada ni nadie los obliga, en razón de su libertad, a transmitir un programa, una noticia, un mensaje, etc. Por otra parte, se indica que las televisoras tienen el compromiso de difundir la verdad, y como consideraron que lo que decía el presidente norteamericano era una mentira, entonces no debían darle cabida a su mensaje.
La interrupción señalada no fue algo fortuito o improvisado, sino que ya había sido analizado y acordado previamente por las emisoras, de ahí la simultaneidad de la acción. Hubo, sin embargo, estaciones que no interrumpieron el mensaje de quien es la máxima autoridad de los Estados Unidos, hasta que entregue el poder. De esta manera, tanto partidarios como antagonistas de Trump se quedaron sin conocimiento pleno de la posición de su presidente en un momento electoral crítico.
Lo realizado por las televisoras forma parte de la confrontación y división existente en el país del norte, y aunque no es de ahora, tanto el presidente como los mismos medios se encargaron de prohijar, pues, como es sabido, la prensa de los Estados Unidos no es neutral, es partidista, así se define y así se declara. Quizá ocurra otro tanto con la televisión que abiertamente se maneja así.
Al respecto, es necesario distinguir entre el manejo de la información y la expresión de las opiniones. Quienes se definen como informadores tienen que transmitir con verdad aquello que les es comunicado, sin juzgar si es verdad, a menos que cuenten con las evidencias de que eso no es verdadero, en cuyo caso tienen la posibilidad de dar a conocer lo comunicado y contrastarlo con otras informaciones, a fin de que el receptor pueda contrastarlas y mantener su libertad de juicio. Ocultar una información proporcionada por una autoridad porque subjetivamente no se le considera verdadera y sin elementos de juicio, definitivamente es censura. Y esto es más grave cuando por antipatía o diferencias ideológicas se calla a un interlocutor que, quiérase o no, ocupa un cargo relevante en su país.
Sin embargo, cuando se actúa porque se es libre de informar o no informar, sin mayor compromiso con la fidelidad de difundir la información recibida, entonces se actúa al gusto. Por eso la visión pura de la libertad de prensa o información no es suficiente. Dicha concepción se enriquece cuando profesionalmente se asume un deber, guiado por criterios éticos. Y, todavía más, desde la concepción del derecho a la información: investigar, recibir y difundir hechos, ideas y juicios.
Si los periodistas tomaran las declaraciones de la mayoría de los políticos y las procesaran bajo el criterio de si son verdaderas o no, habría grandes huecos en el ámbito de la comunicación. La televisión, la radio y la prensa que dedican tanto tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrían muchos huecos, cuando ante informaciones duras, las rechaza porque tiene “otros datos”, nunca transparentados. Hoy por hoy se contabilizan las mentiras que dice en las mañaneras y, sin embargo, se difunden.
El presidente miente con las evidencias frente a él, como ha ocurrido cuando se le muestran los videos de lo dicho en otro momento, ya como candidato o como presidente, y lo niega. Y, sin embargo, sus dichos se difunden.
Afortunadamente, analistas, otros voceros, opinadores y especialistas lo suelen desmentir. Ése es el contrapeso que los medios de comunicación realizan y que, claro, no le gusta al presidente de aquí o de allá. Pero esta misma crítica sólo es posible cuando las mentiras se dan a conocer para ser evaluadas y criticadas.
Cuando el profesional se asume en el ejercicio del derecho a la información, no sólo reclama su derecho de manera unilateral, sino que entiende que tiene un deber de informar y que, al hacerlo, está realizando un acto de justicia informativa.
Cuando la televisión norteamericana acusó al presidente Trump de mentir cuando afirma que había fraude en algunas etapas de la elección en su país, de acuerdo con los datos o sospechas que tiene, habría que preguntarle a los medios si ellos tienen las pruebas de que no lo hubo, aunque ellos también sospechen que no fue así. Finalmente, allá existe una autoridad que emitirá un juicio respecto de los resultados.
Bien sabemos, por la historia, que tampoco en los Estados Unidos las elecciones han sido siempre limpias y, como en el caso de Kennedy, Nixon, George Bush y otros más, se han hecho señalamientos de actos fraudulentos o resultados inexactos. Que unos hayan preferido no llevar lejos tales sospechas o certezas, en aras de la unidad, es una cosa, pero eso no significa que no tenían el derecho de pedir que se investigara más a fondo.
En fin, los informadores tienen el deber de difundir informaciones relevantes de quienes por su cargo o función deben ser conocidas por la sociedad. Al mismo tiempo, cuentan con los medios para investigar y contrastar tales expresiones con hechos a los que ellos tengan acceso. De esa confrontación debe surgir el conocimiento de la verdad
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