Los organismos electorales están en la mira presidencial, con ánimo de darles un tiro fulminante que le permita someterlos. Eso es algo que no se debe permitir.
Ni olvida, ni perdona. Así es la actitud del presidente ante quienes no le dieron ni le dan la razón. En el tema electoral ha manifestado tener ideas obsesivas que manifiesta en cuanto puede, a pesar de no tener la razón. La causa es muy clara, no se le dio el triunfo en 2006.
Después de declararse presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, con el partido que entonces lo lanzó a la candidatura y lo apoyó, buscó reformas a la legislación electoral que pudieran darle ventajas. Los legisladores fueron obsequiosos con introducir muchas reformas que ahora son vistas con desdén o hasta como contrarias a la democratización del país.
Como consecuencia de la insatisfacción, el Instituto Federal Electoral se fue transformando a través del tiempo hasta convertirse en el INE. Y ahora, aunque los funcionarios de ayer no son los mismos de hoy, el desdén y el enojo contra la institución y su presidente ha estado presente todo el tiempo. No sólo por ser un organismo autónomo, sino por ser la institución que organiza y califica las elecciones.
La actitud presidencial podría tener también otras explicaciones. Una añoranza por el sistema político en que se formó como político: el sistema autoritario del PRI. Y aunque fue víctima del modo de operar del sistema, cuando no fue favorecido como candidato a gobernador, no dejó de ser priista de corazón, como cuando escribió un himno a su partido. Por eso ha manifestado que el gobierno debe ser el organizador de los procesos electorales, como en el pasado. Es decir, añora un mecanismo que propicia un sistema autoritario.
El último pretexto fue la realización de la Consulta Popular que, como era de preverse, no arrojó resultados positivos en cuanto a la participación y, por tanto, respecto del propósito de levantarse contra el pasado al cual culpa de su fracaso gubernamental.
Un segundo adversario es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando el debate en torno a la elección de 2006 llegó a su momento culminante, debido a la estrechez del resultado electoral y se pedía recontar los votos casilla por casilla, la definición estuvo en manos de los jueces. El resultado no le favoreció, de ahí que también haya dirigido su metralla en contra del organismo que tiene la facultad de definir como última instancia, la validez o invalidez de una elección.
El conflicto interno por la destitución del presidente del Tribunal, un hombre cuya idoneidad para dirigir ese organismo fue puesto en duda por su administración al señalar su riqueza inexplicable y desmesurada desde su llegada a la función pública. Y aunque la fiscalía ha desechado la denuncia de la Unidad de Investigación Financiera, esta no ha quitado el dedo del renglón. Desde entonces debió haber pedido, cuando menos, una licencia temporal para aclarar su situación y eliminar las crecientes sospechas de que se ha refugiado en la presidencia para ser absuelto y, en consecuencia, la forma como ha conducido al tribunal ha sido poco ortodoxa al grado que acabó con la paciencia de los magistrados que terminaron por destituirlo de la Presidencia del Tribunal, a la cual se ha aferrado.
Como vemos los organismos electorales están en la mira presidencial, con ánimo de darles un tiro fulminante que le permita someterlos. Eso es algo que no se debe permitir.
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