Los memorándums son el futuro del gobierno de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un paso en falso contra el Estado de Derecho, al emitir un memorándum en el cual pretende “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la llamada reforma educativa”. Dispone así, lineamentos y directivas a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación y al secretario de Hacienda. Aunque confuso el alcance referido a las medidas derivadas de la reforma educativa, el documento manifiesta una especie de derogación de las disposiciones legales, vigentes, cuya aplicación es obligatoria, tanto por él, como cabeza del Ejecutivo, como para sus colaboradores que fungen como secretarios de Estado.
Carente de número, de fundamentación y de referencia específica a las supuestas facultades que está aplicando en el mismo, este documento se presta a una total confusión y pareciera que el presidente aspira a iniciar un gobierno, ya no de decretos, sino de memorándums con los cuales gobernar, no sabemos si por encima o al margen de la ley, pero con el protagonismo del que siempre ha hecho gala.
Resulta sumamente peligrosa esta acción, pues, aunque ha sido calificado como una comunicación interna, lo cierto es que está dando lineamientos y directivas de gobierno que podrían ser violatorios de la ley, generando de esta manera responsabilidades en quien emite y acata estas disposiciones, en la medida en que con eso se incumpla la obligación de los funcionarios de acatar la Constitución y las leyes que aplican a las actividades de la educación.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encuentra en una difícil encrucijada, pues como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la suficiente experiencia y conocimiento de los alcances de las distintas disposiciones de la autoridad, pues sin estar fundada y motivada una orden, carece de valor jurídico, según ha expresado su excolega en la Corte, Ramón Cossío.
Es importante recordar que, en caso de los funcionarios públicos, su actuación está restringida y limitada a aquello que la ley les permite y no pueden actuar discrecionalmente. Sus facultades y competencias son claramente definidas, a diferencia de los particulares que tenemos derecho a realizar todo aquello que no está claramente prohibido.
El presidente está caminando en la cuerda floja y está poniendo en riesgo a sus colaboradores. Al mismo tiempo envía un mensaje preocupante a la sociedad. Con su documento muestra que actúa por impulso, quizá por desesperación, frente a la imposibilidad de cambiar la legislación por el conducto propio del Estado de Derecho: el poder legislativo, el Congreso.
Al mismo tiempo, con su mensaje está agrediendo, implícitamente, a los legisladores que “no han podido llegar a un acuerdo” con los integrantes de la CNTE, para derogar, como ellos y el presidente desean, la reforma educativa. Pareciera que fuera una obligación del Congreso lograr tal derogación. Podría ser que, finalmente, en ejercicio de sus facultades, dicha reforma no fuera derogada y se mantuviera. En ese caso y mientras tanto, el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley.
Hacer a un lado, a través de un “recordatorio”, como en un memorándum, la legislación y sus consecuencias, es un paso riesgoso hacia el autoritarismo. Es tiempo de llamar la atención y estar alertas en defensa de la legalidad, principio fundamental en el Estado de Derecho.
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