El gobierno de México suele adornar de justicia sus acciones, pero en el fondo es la imposición desde arriba del pensamiento de una minoría, para que sea obligatorio para todos.
Hay distinciones de fondo entre una dictadura y un totalitarismo, y aunque el segundo suele implicar lo primero, en ocasiones este aparece como precursor de aquel. Las dictaduras estorban la oposición, frenan la libre expresión y controlan la vida pública, pero permanecen intocadas las libertades que no implican riesgo para el gobernante. En cambio, el totalitarismo aspira al control total, quiere eliminar la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, económica y política, a fin de que el Estado asuma el control social e individual. Tales fueron y son las experiencias del nazismo, el fascismo y el comunismo en sus diversas versiones.
Con la llegada del nuevo gobierno a México, que pretende transformar al país desde su raíz, alineándose al socialismo del Siglo XXI, se pretenden dar pasos, a veces sutiles y en ocasiones atropellados, para imponer una dictadura. Suelen adornar de justicia sus acciones, pero en el fondo es la imposición desde arriba del pensamiento de una minoría, para que sea obligatorio para todos.
Un caso concreto es la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en la fracción IV del artículo 29, presentada por la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, y que se encuentra dictaminada y ha querido ser presentada al Pleno para su aprobación, y que en el criterio de quienes la apoyan, debe sancionarse a las asociaciones o ministros religiosos que expresen o realicen actos que a su juicio son discriminatorios en referencia a la diversidad de género, imponiendo por encima de los principios religiosos una ideología, que no es otra cosa que esa visión subjetiva del género por encima o contra la sexualidad de las personas. Se rompe, con ello, la neutralidad ideológica que corresponde al Estado en una sociedad pluralista.
Los mismos que aplauden que el Estado no tenga una declaración de tipo religioso, defendiendo la laicidad o el laicismo, son quienes ahora proclaman la imposición de una ideología, dando pie a un nuevo confesionalismo de género que impediría a las iglesias expresar sus enseñanzas de siglos o la disciplina interna respecto de visión espiritual, obligando, por ejemplo, a modificar la concepción de pecado y hasta transformar algunos de ellos en virtud.
Se trata, como comenté ya antes, de sujetar el derecho a subjetividades individuales, en este caso de “sexto sentido”, no real, obligando a todos a vivir en una ilusión impuesta, aunque nada tenga que ver con la conformación genético-biológica de la persona.
Muchos critican que el Estado imponga una moral a las personas, pero con este ideología de género, no sólo se pretende imponer una moral, sino hasta una concepción de vida que invade, además, las creencias religiosas de siglo, sustituyéndolas por una moda iniciada apenas el siglo pasado.
Como se ve, se trata de una concepción antropológica totalitaria, que de golpe nos impone una concepción del ser humano obligatoria y única, carente de fundamento real, pero a gusto de los grupos lésbico-gay que por fuerza quieren obligarnos a pensar, sentir y vivir como ellos, eliminando por decreto la sexualidad natural como referencia de una de las dimensiones del ser humano tal cual es.
De aprobare esta reforma, se habría dado un paso más a la imposición de un pensamiento único, ajeno al que tiene el pueblo de México y cuya tradición centenaria se identifica con los principios religiosos de la mayoría de los mexicanos. Por ello, no queda otra que denunciar el intento y oponernos firmemente a él, como se ha hecho en el pasado con intentonas semejantes del gobierno de apoderarse de nuestras mentes.
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