El intento de poner una Norma Mexicana a los procesos electorales, que desde luego ya fue rechazado por el INE, debe terminar en el bote de la basura.
Que la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, es un axioma indiscutible en el campo físico. Sin embargo, cuando se trata de estrategias de diverso tipo, suele recurrirse a caminos tortuosos que permitan despistar, eludir la vigilancia, la oposición o resistencia de quienes pudieran obstruir el logro del objetivo. Esto suele ocurrir cuando se trata de una conquista amorosa, una batalla militar o en la política, entre otras posibilidades.
Uno de los efectos de evitar una acción frontal, es tomar por sorpresa la meta deseada, pues toma desprevenidos a quienes se quería conquistar, derrotar o vencer. También suele ocurrir que ciertas maniobras se usen para “medir” si aquellos a quienes se quiere atacar se encuentran alerta, si están vigilantes.
Esto viene a cuento por lo que estamos viviendo en el campo político y jurídico con la Cuarta Transformación. Cuando se trata de temas difíciles, que pudieran provocar resistencia, el presidente suele no ser el protagonista de ciertas acciones, sino que manda a sus seguidores a medir cómo se encuentra el ambiente en torno a las medidas que pretende emprender, las leyes que quiere promover o las acciones que va a realizar. Pareciera que tira la piedra y esconde la mano.
Eso no significa que las intenciones no se hayan evidenciado o hecho públicas. En algunos casos ha logrado sus propósitos porque aquello que quería cambiar carecía de defensa o no opuso resistencia. Cuando sabe que hay vigilancia y los afectados están alerta, entonces recurre a estas acciones tortuosas. Con ello, como suele decirme un compadre, “se mide el agua a los camotes”. Y si las reacciones son fuertes, entonces retrocede, las desconoce y hasta las desautoriza. Un ejemplo reciente fue el anuncio de Morena de que propondría una reforma constitucional para que el Inegi registrara el patrimonio de los mexicanos.
Pudimos constatar que ante el boletín de prensa de Morena, las reacciones fueron inmediatas y fuertes. Ante ellas, e interrogado en una mañanera, Andrés Manuel López Obrador desautorizó y negó apoyo a la propuesta, retrocediendo a la exigencia ya existente de que los funcionarios públicos de cierto nivel hagan una declaración patrimonial. Esta misma exigencia surgió desde la sociedad para el caso de los candidatos a cargos públicos, como una forma de detectar posibles casos de corrupción. ¿Es este el caso de la Ley de Educación del Estado de Puebla? Ya hay voceros de la 4T que hasta han propuesto una controversia constitucional por ir más allá de lo que la Carta Magna establece en materia educativa, eso independientemente de la posibilidad de que surjan amparos contra la misma.
Como es bien conocido, el presidente se pronunció reiteradamente contra los organismos autónomos. Sus argumentos son variados: corrupción, burocracia, ahorros, etc. La verdad es que dichos organismos se constituían en posibles obstáculos para las acciones que realiza o piensa realizar. Son varios los que ya han sido víctimas del acoso oficial o de maniobras para apoderarse de ellos, al grado que en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el desfiguro público, la violación de la ley y la contradicción con los dichos del presidente, se impuso a una persona inelegible para el cargo. Se utilizó el “mayoriteo” de los legisladores afines a la 4T para imponer el amiguismo que anula la independencia de la CNDH.
Ahora se ha realizado una nueva maniobra de sondeo. Las amenazas para someter al Instituto Nacional Electoral estaban en el horizonte. Las fricciones entre el INE y el presidente se hicieron públicas. Esta situación provocó, afortunadamente, que se prendieran los focos rojos, no sólo entre los partidos políticos, sino en toda la sociedad que está consciente de que la autonomía del proceso electoral fue lo que permitió terminar con el monopolio que el PRI mantuvo del poder político durante la mayor parte del siglo pasado.
Ya en las cercanías del proceso electoral del año 2000 empezaron a fraguarse acciones para someter al Instituto Federal Electoral, después de que el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997. Las alertas oportunas impidieron que tales propósitos avanzaran y, finalmente, se produjo la alternancia. Sin la autonomía del órgano electoral, fácilmente se corrompen los procesos electorales que dan legitimidad a la autoridad.
Pues bien, ante los temores públicos de que se pretendiera una reforma legal al INE, aprovechando la mayoría de la 4T en el Congreso, con capacidad de aplastar a la oposición. Como los focos rojos ya estaban encendidos, de pronto aparece en el Diario Oficial la convocatoria a una consulta sobre una Norma Mexicana en materia de “gestión de calidad en procesos electorales”, elaborado por el Instituto Mexicanos de Normalización y Certificación A. C. ¿Qué tenía que hacer este Instituto en el tema electoral?
Desde luego que se trata de una intromisión indebida. Las Normas Mexicanas no son obligatorias, son de aplicación voluntaria. Hacer una norma de este tipo es perder el tiempo, pero también puede tratarse de una treta de quien la encargó y no puede entenderse sino como un termómetro para medir la temperatura y la reacción.
La supuesta norma viola la Constitución, pues se inmiscuye en un ámbito que no le compete, pues la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecer la forma de organizar los procesos electorales. El apego a la misma es su proceso de calidad, y el no cumplimiento puede ser observado por el Tribunal Electoral, competente en la materia. A su vez, el INE tiene los procesos que le marca la Ley para organizar los comicios. La invasión de competencias sería tanto a nivel federal como estatal, pues en cada caso existe una legislación que rige en la materia.
Como se ve, nada tiene que hacer una Norma Mexicana. Esto permite pensar que se trata de uno de esos caminos tortuosos que siguen las autoridades para preparar el asalto al INE, pues ya es claro el temor que impera en la actual administración, visto el pésimo desempeño que está teniendo, en recibir un repudio igual de contundente en el proceso electoral del 2021, como fue de mayoritaria la votación con la cual llegó al poder. Este intento, que desde luego ya fue rechazado por el INE, debe terminar en el bote de la basura.
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