El tema de la reforma electoral puede ser un buen distractor político y social, mientras en el país se agudizan las diferentes crisis en que nos encontramos inmersos y respecto de las cuales no hay soluciones claras.
Por fin, el presidente ha dado a conocer el proyecto de reforma electoral con el que pretende se realicen las elecciones del 2024. Es un proyecto que merece poca atención, pues salvo algunos puntos de interés que podrían dar origen a un debate interesante, el resto está enfocado de manera que sea beneficioso para el grupo que está en el poder. Por ello se puede afirmar que es un proyecto muerto, pues tal como está no logrará la mayoría calificada en el Congreso y se puede decir que está muerto.
Además del “destape” del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como posible candidato de Morena a la Presidencia, el tema de la reforma electoral puede ser un buen distractor político y social, mientras en el país se agudizan las diferentes crisis en que nos encontramos inmersos y respecto de las cuales no hay soluciones claras.
Está claro que uno de los objetivos principales de la iniciativa presidencial es sustituir el Instituto Nacional Electoral con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y modificar el sistema de justicia electoral, de tal suerte que tanto consejeros como los magistrados electorales sean electos por el pueblo de entre las listas que presenten los Poderes de la Unión. Esto, que ya había sido anunciado, ha sido duramente criticado, pues ya no sería un proceso de ciudadanización, sino de direccionamiento de los futuros consejeros por parte del poder, lo cual significa un importante retroceso.
Esto significa que los candidatos a consejeros o magistrados tendrían que hacer campaña, con lo cual si por un lado se habla de ahorros en el sistema electoral, ¿de dónde saldrán los recursos para esas campañas? ¿Con qué mecanismos de movilización o propaganda contarán los candidatos para darse a conocer a los electores? ¿Cómo evitar que los candidatos sean cooptados por grupos de interés político o económico, o por el crimen organizado? Una elección directa no ciudadaniza a quienes resulten ganadores porque, a fin de cuentas, son representantes del poder que los postuló.
Por otra parte, al desaparecer los OPLEs y los Tribunales Electorales locales y federalizar el proceso, se está atentando contra el federalismo, de por sí débil, y fortaleciendo el centralismo que ha sido uno de los medios para la concentración del poder en el presidente, tanto mediante las reglas escritas como las no escritas, como se operó durante el siglo pasado en la “dictadura perfecta”.
El tema del número de diputados y senadores es de interés, aunque surgen muchas dudas respecto de los primeros. La asignación de diputados de acuerdo con los porcentajes obtenidos por los partidos, a fin de garantizar una representación proporcional justa llama la atención, al sustituir a los diputados plurinominales, que han sido duramente criticados, en parte por falta de comprensión de que son un medio de dar voz a electores que no ganan, pero necesitan ser representados. Habría que conocer cuál sería el proceso para definir qué diputados entran.
Cuando se abrió la Cámara de Diputados a los llamados diputados de partido, se suponía que llegarían aquellos que obtuvieran el mayor número de votos en sus respectivos distritos, pero eso no se cumplió. En Gobernación los partidos negociaban quiénes de entre sus candidatos –por ser directivos o los más preparados- ocuparían esos escaños. Por otra parte, eso fortalece a los partidos y a sus dirigencias para imponer disciplina interna a quienes pretendan ser candidatos, lo cual significa un debilitamiento de la democracia interna de los partidos. Habría que conocer a fondo cuál sería este método. Es bien sabido que con la actual fórmula de representación proporcional se ha dado el caso de sobrerrepresentación, como ocurrió en la pasada legislatura a favor de Morena.
En cuanto a los Senadores, muchos han opinado que la fórmula actual alteró la representación del pacto federal, en tanto que este órgano legislativo representa a los Estados, no a los partidos, aunque también es necesaria la presencia de las minorías de los estados para ser escuchados e incidir en las decisiones.
También se pretender extender este tipo de procedimientos para la integración de los ayuntamientos, además de reducir el número de los integrantes de las regidurías, con la idea de reducir los costos de operación del sistema.
Y no digamos la modificación del sistema de comunicación política, que volvería a dar fuerza a la voz gubernamental, mientras que por otro lado se reduce la voz de los partidos. No hay que olvidar que fue Andrés Manuel López Obrador el que promovió silenciar a la autoridad durante el proceso electoral, porque sintió que le afectaba, pero ahora que sería el beneficiario, pide elevar la voz, como ya se vio durante el proceso de revocación del mandato.
En fin, para ser un presidente que rechaza el neoliberalismo, su propuesta va revestida de una visión economicista de supuestos ahorros, con el riesgo de debilitar lo democrático.
Opino que se trata de un parto de los montes tan inútil, como lo fue la revocación de mandato.
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