La política abrazos y no balazos no fue aprovechada para instituir un verdadero cuerpo civil eficaz en todo aquello que implica la existencia de un equipo policial.
El debate de las últimas semanas ha estado centrado en el papel de la Guardia Nacional y del Ejército en materia de seguridad pública. La característica ha sido que, aparentemente, los bandos han cambiado –lo cual no sería novedad en las confrontaciones de los partidos-. Los que antes apreciaron la acción del Ejército en el combate a la delincuencia organizada, ahora quieren que los militares, concluido el pazo que constitucionalmente se les otorgó para estar en las calles, vuelvan a los cuarteles. En cambio, quienes se oponían a que los militares estuvieran en las calles y ofrecieron volverlos a los cuarteles, hoy los quieren ocupando los espacios civiles.
A mi modo de entender las cosas, es que al inicio del sexenio parecía existir el propósito presidencial de llevar el Ejército a los cuartes, considerando que combatir al crimen organizado era fácil y rápido, aunque para no dejar solo el terreno a los maleantes, propuso la creación de la Guardia Nacional que sustituiría al Ejército, distinguiendo, clarificando y separando funciones. Sin embargo, para que el proyecto madurara, se aprobó un artículo transitorio que permitía que el Ejército siguiera en las calles hasta el 2024.
La idea de crear un cuerpo policial civil de envergadura, que sustituyera a la Policía Federal e incrementara su contingente con policías militares, todos ellos bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad Pública y con mando de naturaleza civil, aunque quedó en manos de exmilitares. El peso de los policías militares y de la marina en el nuevo cuerpo, por más que se quisiera no dejaba de llevar en su seno ese espíritu militar en el que fueron formados sus integrantes. Para organizarlo se necesitaba de una estructura diferente y la capacitación de sus miembros. ¡Vaya tarea! Eso explica el periodo de gracia de la presencia militar.
Sin embargo, la política abrazos y no balazos, que fue una especie de periodo de impunidad para el crimen organizado, no fue aprovechado para instituir un verdadero cuerpo civil eficaz en todo aquello que implica la existencia de un equipo policial, pues en la inacción efectiva del cumplimiento de aquello para lo que había sido creado, y que mereció la aprobación de todas las fuerzas políticas, simplemente se demostró –como en otros campos- la incompetencia de la Cuarta Transformación. En pocas palabras, no hicieron la tarea. Y es que, integrada por militares y comandada por militares, no podía hacer otra cosa sino funciones militares con otro uniforme. Se trató, entonces de un fracaso.
Ante la evidencia del intento fallido y como ya se les echaba en cara, se quiso resolver el problema dando marcha atrás al concepto e integrando la Guardia Nacional al Ejército, con una reforma Constitucional. Como ésta no iba a pasar en el Congreso ante el rechazo decidido de la oposición, se ha aprobado una ley que viola la Constitución, pero que estará vigente mientras la Suprema Corte no lo defina oficialmente y, Dios quiera, se dé marcha atrás.
Pero, curiosamente, a una legisladora priista se le ocurrió –no sabemos claramente inspirada por quién- que se modificara el plazo acordado de la presencia de la aleación que forman los militares y la Guardia Nacional en las calles por más tiempo. De otro modo, a mi entender, si ya forman parte del Ejército estos últimos, también tendrían que ir a los cuarteles. Entonces no habría en las calles de militares ni guardias. ¡Vaya problema!
Esto explica por qué el Presidente de la República se ha convertido en el primer promotor e impulsor con toda su fuerza, de la iniciativa de una legisladora del PRI, extrañamente avalada por el Presidente de su partido, a quien una gobernadora de Morena traía por la calle de la amargura y la espada de Damocles pendía sobre su cabeza. La maniobra no ha pasado desapercibida y no todos los miembros del partido tricolor, particularmente en el Senado, se han dejado engatusar y no están de acuerdo en tenderse como sarapes de charro para tratar de resolver el embrollo en que se metió Manuel Andrés López Obrador, disque componiendo lo que descompuso y que, a la postre, tendrá que ser compuesto.
Estamos, pues, ante un galimatías jurídico que en los hechos fue detenido por los senadores, a pesar de las traiciones -¿por compras o amenazas?- y que en cuanto a la reforma constitucional fue suspendido el debate al retirarse el dictamen. Unos dicen que es para seguir cabildeando en la pesca de nuevos desertores de la oposición y, otros, dizque parea componerla y logar cambios que puedan ser avalados finalmente por los que por ahora son grupo de contención.
Pero finalmente el juego quedó a la vista cuando el mismo López Obrador dijo que estaba de acuerdo en que no se aprobara, para volverla a enviar al Congreso el año próximo. O sea que es su iniciativa de un modo o de otro.
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