El desabasto generalizado de medicamentos ha tenido un alto costo en la salud de los mexicanos.
Se dice que de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Y si esto hace referencia a una actitud y vivencia personal, analógicamente podríamos afirmar que las buenas intenciones no traducidas en hechos eficaces son causa del fracaso de las políticas públicas.
La actual administración gubernamental se fundó y recibió el apoyo electoral por las buenas intenciones que manifestó. Particularmente se hizo énfasis en el combate a la corrupción que ha sido parte del ADN del sistema político mexicano desde la Revolución de 1910. La historia está plagada de evidencias de cómo la motivación de muchas fuerzas revolucionarias era el saqueo que iba aparejado con la lucha. La famosa frase de Álvaro Obregón de que nadie podría resistir un cañonazo de 50 mil pesos (oro), fue parte del modus operandi político para recibir adhesiones o eliminar oposiciones. La corrupción operada desde arriba contagió a la sociedad.
La idea de combatir la corrupción en la Administración Pública se ha expresado a través de diversos sexenios y ha fracasado. Incluso en algunos de ellos su existencia fue públicamente aireada, como el anterior sexenio, y, sin embargo, poco se ha logrado al respecto. Si acaso se castiga a funcionarios menores. También fue común afirmar que los castigados eran los de hasta abajo, porque la cuerda se rompe por lo más débil.
Todo esto viene a cuento por el fracaso de la intención de sanear lo que se supone era la corrupción en la adquisición de medicinas. Al inicio del sexenio se anunció la concentración de las compras de medicinas en una sola instancia, para ello se quitó al IMSS la compra consolidada de medicinas y se le asignaron a la Secretaría de Hacienda, la cual adjudicó compras millonarias; se recurrió a las Naciones Unidas para que las realizara durante el presente año, y no ha cumplido; se vetó a las grandes farmacéuticas mexicanas, pero se autorizó la importación de medicinas sin registro sanitario de varios países. ¿Cuál fue el resultado? El desabasto generalizado. Una buena intención, mal realizada, que ha tenido un alto costo en la salud de los mexicanos. El caso emblemático son los niños y mujeres con cáncer.
Ante este fracaso, se ha dado a conocer que el Gobierno Federal reformó el artículo 59 del reglamento de la Ley de Adquisiciones para permitir adjudicaciones directas, con invitación de al menos tres proveedores, y no sólo mediante licitaciones públicas.
Para ello se ha establecido la modalidad de abastecimiento simultáneo, mediante el cual un contrato puede dividirse entre varias empresas, con la sola condición de que el primer lugar provea cuando menos el 40 por ciento de los bienes, haciendo a un lado el criterio del diferencial de máximo de diez por ciento entre la oferta más baja y las demás que se adjudiquen. Se indica que esto es debido a “caso fortuito” o “fuerza mayor” para garantizar el abasto.
Como se puede apreciar, hemos retornado al terreno de la discrecionalidad, donde se cultiva la corrupción. Con ello se evidencia que las medidas adoptadas en el sexenio han fracasado y, por este camino, no queda claro que vayan a abonar en el propósito.
Esta es una de las medidas fallidas que se adoptaron en el ámbito de la salud, pues como bien sabemos, la desaparición del Seguro Popular, creado por Vicente Fox y continuado durante el sexenio en que el PRI regresó al poder, fue sustituido, como otros tantos programas, con medidas improvisadas por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y que ha significado un lamentable retroceso en el deber de trabajar por la salud de los mexicanos.
Pero en otro terreno, el decreto que ha reformado el sistema de adquisiciones no sólo será aplicable en el tema de las medicinas, sino también en otras compras, en donde se mantendrá la regla del diferencial de los precios entre varios proveedores.
No vemos que las buenas intenciones tengan pavimentado un camino que, cuando menos, acerque con claridad al combate a la corrupción en las compras y contrataciones de servicios en el sector público.
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