El Ejército y Guardia Nacional han estado atados de manos por una dizque política pública, no escrita en un documento oficial, pero verbalizada reiteradamente por el presidente: “abrazos, no balazos”.
Las Fuerzas Armadas de nuestro país han gozado de prestigio ante la población, a pesar de que en el pasado el gobierno las utilizó como un instrumento de represión. Sin embargo, se les ha reconocido el apoyo a la población en las emergencias mediante el Plan DN-III que ha salvado muchas vidas, acompañado en las tragedias y, también, sacrificado a muchos de sus miembros en el combate al narcotráfico.
Sin embargo, ahora se ha convertido, al menos además del Ejército, en un comodín que se usa de acuerdo con las ocurrencias del presidente, quien es la cabeza del mismo. A las Fuerzas Armadas se le han encomendado labores que no forman parte de su función de acuerdo con la ley, esto es algo grave, ya que mientras los particulares podemos hacer todo lo que no nos está prohibido, en el sector público sólo se puede hacer aquello que está expresamente mandado por la ley de acuerdo con el cargo, las competencias y la jurisdicción propia. Otras acciones son merecedoras de sanciones de diverso tipo.
La disciplina a la que están obligadas las Fuerzas Armadas diluye, en parte, la responsabilidad de las acciones que están fuera de las funciones de la misma. Sin embargo, quien las ordena –el presidente- si es responsable. Por el momento, en cuanto sigue contando con fuero por su cargo, no se le pueden aplicar sanciones. Sin embargo, habría que preguntarse qué ocurrirá en el futuro.
El presidente había ofrecido durante su campaña, llevar al Ejército a los cuarteles. No lo hizo. Aparentemente, con la creación de la Guardia Nacional se cumpliría dicho propósito, tampoco ocurrió así, pues en realidad el Ejército sigue actuando con un disfraz: el de la Guardia Nacional, y no son civiles quienes comandan esta fuerza, son militares. Se trata de una simulación.
Ejército y Guardia Nacional, que junto con las policías están orientados a la defensa del país, a la seguridad pública, a proteger a la población y combatir a quienes atenten contra ello, han estado atados de manos por una dizque política pública, no escrita en un documento oficial, pero verbalizada reiteradamente por el presidente: “abrazos, no balazos”, “también hay que proteger a los delincuentes, porque son humanos”.
Esas dos ideas y órdenes específicas de no actuar contra la delincuencia organizada, han permitido que la violencia se haya desatado en prácticamente todo el país. La presencia de las fuerzas armadas, que en el pasado por sí misma se convertía en un disuasorio de la violencia, ya no sirve para nada. Un ejemplo de ello es el acoso constante de que han sido víctimas los militares en distintos lugares, pero de manera notoria en Michoacán, donde a pesar de llegar gran cantidad de elementos, se les impide actuar y muchos de ellos han muerto en emboscadas o han sido perseguidos sin que ellos puedan actuar. Ya no es la entrega lo que los caracteriza, sino la huida o la pasividad. Y no por ellos mismos, sino porque el Jefe de las Fuerzas Armadas nos trae de albañiles, oficinistas, aduaneros, etc.
En pocas palabras, el Ejército, lamentablemente, está en retirada. Y a eso se le califica de “prudencia” y se elogia.
¿Cómo y por qué ha sido tan benévolo el presidente con el Cártel de Sinaloa, con el Chapo y su familia? En el caso del fallido intento de capturar al hijo del Chapo en Culiacán, existe una cierta justificación ante el despliegue de fuerza del crimen organizado que prácticamente tomó la ciudad y tenían amenazadas a las familias de los militares en lo que podría haber sido una masacre. Un operativo fallido por diversas causas. Pero el halo protector a ese grupo ha continuado.
Ciertamente no es la primera ocasión en que desde arriba se les humilla. Hace años, cuando el presidente José López Portillo puso en acción la Operación Cóndor para combatir el cultivo de drogas y su narcotráfico, visité Culiacán. En esa ocasión tuve oportunidad de hacer un recorrido por la ciudad y quien me guiaba tuvo a bien señalarme las casas donde vivían algunos de los cabecillas del crimen organizado. La ciudadanía conocía perfectamente quiénes eran y dónde vivían tranquila e impunemente. Sin embargo, la Procuraduría General de la República parecía ignorarlo, o se hacía de la vista gorda. No fue éste el único caso.
Las sospechas de complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado han estado presentes desde hace tiempo. Cuando se analiza el auge y declive de algunos cárteles, se observa que según los sexenios se persigue a unos y se tolera a otros. Se habla de pactos con el narco con distintas características según el momento. Se dice que en el pasado se le toleraba, pero se establecían reglas y límites. Pero eso al parecer ya no existe, la inseguridad pública lejos de decrecer ha aumentado.
Mi solidaridad con las fuerzas armadas, que hoy, al igual que muchos mexicanos, son víctimas de una corta visión gubernamental.
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